La juez 16 de Bogotá hundió este martes un preacuerdo logrado entre la Fiscalía General y el exsubdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro en el marco del proceso por el ‘carrusel de contratos’ en Bogotá.

Según la impartidora de justicia, en el preacuerdo no se cumplieron los requerimientos para sustituir la medida de aseguramiento y otorgarle la detención domiciliaria, y explicó que el documento final no se cumplen los requisitos jurisprudenciales y legales expuestos por la Corte Constitucional.

La Fiscalía además no pudo comprobar que Montenegro fuera cabeza de familia, e indicó que no se presentaron los argumentos que demostraran que el exsubirector del IDU era el soporte fundamental de su hogar.

En el preacuerdo firmado se establecía una pena de seis años y cuatro meses de detención domiciliaria, la aceptación de los delitos de peculado por omisión e interés indebido en la celebración de contratos, así como la entrega de información sobre las irregularidades que rodearon la entrega de contratos viales en Bogotá.

En febrero pasado Montenegro Quintero fue acusado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y sucesivo con peculado por acción y peculado por omisión en concurso homogéneo y sucesivo.

Además se le achacó el detrimento patrimonial por más de 300 mil millones de pesos se configuro a través de 11 contratos que fueron adjudicados a varias empresas del Grupo Nule, sin cumplir con los requisitos legales.

Según el fiscal, en desarrollo de sus funciones como subdirector del IDU, entre el 2009 y el 2010, Montenegro Quintero eludió los procesos licitatorios y actuó sin transparencia, pues omitió la licitación pública, cuando habría sido necesaria.

Montenegro Quintero, a pesar de conocer la situación económica y dificultades técnicas de algunas de las empresas, las favoreció para que realizaran tareas que nunca cumplieron, y no tuvo en cuenta los estudios y diseños para cumplir los principios de derecho administrativo como el de economía.