–La Procuraduría General de la Nación ganó una tutela contra la decisión del Tribunal Superior de Cartagena que había tumbado el proceso penal contra dos cabecillas de la captadora ilegal DMG.

La sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ordenó anular la decisión del Tribunal cartagenero que había dispuesto revocar todo el proceso penal que se seguía contra Samuel Shuster Bejman y Jorge Berrío Villarreal, quien son procesados por los delitos de transporte ilegal y lavado de activos de dineros, cuya procedencia está relacionada con DMG.

El Ministerio Público argumentó la acción de tutela aduciendo que dicho Tribunal incurrió en diferentes errores.

Estos fueron: Conceder la nulidad del proceso a Berrío Villarreal, quien alegaba un supuesto vicio de procedimiento sin existir; extender los efectos beneficiosos de la nulidad a quienes no la solicitaron; darle valor de prueba a un informe policial, desconociendo el resto de pruebas que respaldaron la actuación; tergiversar la conducta de los agentes que intervinieron en la actuación, para tacharla de ilegal; exigir formalidades que no están contempladas en la última legislación; y desconocer los precedentes jurisprudenciales, afectando la seguridad jurídica al resolver el caso de manera única y diferente a como lo había resuelto la jurisprudencia nacional.

Luego de lo expuesto por la Procuraduría, deduce la Corte que entre la decisión tomada por el Tribunal de Cartagena y la postura de uno de los acusados, no solo existía una coincidencia ideológica, sino material de fácil constatación procesal, hasta el punto que existía identidad entre lo escrito por la parte acusada y lo decidido por ese Tribunal, así como identidad y coincidencia ideológica y material en la respuesta dada a la Corte por la parte acusada y el magistrado ponente de la decisión anulada del Tribunal de Cartagena.

Se reconoce en el fallo de la Corte que de no tutelarse el derecho fundamental por parte de la Procuraduría, se ocasionaría un perjuicio de tipo irremediable.

Con esta decisión se consigue que una determinación que constituía una vía de hecho se reverse para que se cumpla con el debido proceso penal, advirtió la procuraduría.