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Defensoría del Pueblo vigilará compromisos del Gobierno con pescadores de San Andrés

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En desarrollo del último día de su visita humanitaria a San Andrés (la primera de 2014), el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, se reunió con representantes del gremio de los pescadores en la isla con el fin de escuchar sus inquietudes y preocupaciones respecto de su actividad económica y el impacto del diferendo limítrofe con el vecino país de Nicaragua.

Los trabajadores se quejaron por las restricciones de movilidad en algunos sectores de la plataforma marítima e invocaron el derecho a ejercer la pesca artesanal de la misma manera en que lo han hecho tradicionalmente.

Ante esta petición, Otálora Gómez exhortó al Gobierno Nacional para que revise los temas relacionados con la oferta de subsidios para suplir las necesidades de estos ciudadanos, y dijo que en medio de las agendas abiertas para discutir soluciones respecto al tema, la Defensoría del Pueblo realiza gestiones para que Ejecutivo y los pescadores puedan reunirse la próxima semana.

El Defensor del Pueblo, además, dijo que le solicitará a la Cancillería un diálogo directo con líderes del gremio, para que se les informe sobre los alcances jurídicos de los fallos internacionales emitidos entorno a los límites entre Colombia y Nicaragua, las medidas adoptadas alrededor de la soberanía nacional y el cumplimento de esas sentencias. “Mi compromiso es que ese diálogo no se rompa, que continúe y que los pescadores se enteren directamente sobre las posiciones que se van a asumir”, manifestó.

Otálora Gómez agregó que personal de la Defensoría del Pueblo Regional San Andrés acompañará el censo que planea realizar el Gobierno a los pescadores, a fin de evitar confusiones, vulneración de derechos y beneficios a personas que no acreditan las condiciones necesarias para obtener la ayuda estatal.

Insistió en que lo importante es reunirse con las dos partes, y si no hay un acuerdo en aras de resolver los reclamos de unos y la razones de otros, acudir a la justicia para que defina quién tiene la razón y vigilar el acatamiento a esas decisiones.