El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vio procedente la acción popular interpuesta por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con la cual el exmandatario pretendía reversar la venta de Isagen.

Con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, La Sección Segunda inadmitió la acción judicial al señalar que el demandante no tuvo en cuenta la norma que señala que antes de la acción popular, se debe solicitar a la autoridad competente las medidas de protección necesarias «al derecho o interés colectivo amenazados o violados”.

Tras el procedimiento, establecido en el artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, y ante un eventual incumplimiento por parte de la autoridad competente, sí es procedente acudir a la justicia.

La decisión del Alto Tribunal advirtió que en caso de de un inminente perjuicio irremediable este requisito puede pasarse por alto.

De no cumplirse esto último, el requisito de obligatorio cumplimiento debe ser acreditado al momento de presentar la acción.

En criterio del Tribunal, “al revisar la demanda se observa que no fue acreditado en forma debida el requisito de procedibilidad de reclamación (…) toda vez que en los derechos de petición radicados ante el Ministerio de Hacienda, los consejo de Ministros y la Presidencia de la República, no se indicaron los derechos e intereses colectivos presuntamente afectados, ni se solicitó la adopción de medidas de protección”.