–El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro calificó de “egoísmo social” la actitud de los gremios empresariales de entablar una demanda para tumbar el decreto por medio del cual puso en vigor el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

Petro sostuvo que la demanda pretende quitarle a los bogotanos un billón de pesos a favor de constructores.

La demanda fue instaurada por el abogado Juan Manuel González Garavito, en representación de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, la Lonja de Propiedad Raíz y vecinos del exclusivo sector de Santa Ana Oriental.

También la sustentan, el concejal Julio César Acosta, de Cambio Radical, y los arquitectos del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Camacho, Luis Eduardo Barbosa, Francisco Pardo Téllez y Benjamín Gaitán Villegas.

Según los demandantes, la medida del alcalde violó la Constitución Nacional y otras leyes y decretos distritales

“El Alcalde Mayor no tenía competencia para adoptar mediante decreto la modificación excepcional de las normas urbanísticas del POT a la luz de lo establecido en el artículo 313 de la Constitución, el artículo 12 de la Ley 810 del 2003 y el artículo 8 del Decreto nacional 4002 del 2004”, sustenta la demanda.

Añade que “el Alcalde actuó sin competencia, toda vez que esa prerrogativa únicamente nace a la vida jurídica si el Concejo no emite pronunciamiento alguno frente al proyecto de normatividad urbanística puesto a su consideración, lo que no sucedió en la situación bajo estudio”.

Además advierte que en su momento la Contraloría Distrital, la Personería y la Veeduría “también pusieron de presente la ilegalidad, falta de planeación, ausencias de sustentos técnicos e inconveniencia de la propuesta de modificación”.

Igualmente subraya que para introducir las modificaciones al POT, no se cumplieron las exigencias de “participación democrática” y se omitieron las etapas de concertación y consulta ciudadana.

Frente a la demanda, el alcalde Petro escribió en su cuenta en Twitter:

“Cuando gremios atacan que la ciudad pueda conseguir espacio público en su construcción, atacan lo común, la posibilidad de convivencia”.

“El abogado que demanda el POT a nombre de Camacol, aspira a quitarle a los bogotanos un billón de pesos a favor de constructores”, agregó.

“No que el POT subía los precios de la tierra? Por qué entonces lo demanda la Lonja de propiedad raíz?
Porque los baja, complementó el mandatario distrital.

También señaló:

-“Que residentes d Santa Ana Oriental demanden POT que permite que juventud d Engativa tenga espacio público no muestra más que egoísmo social

-“La violencia juvenil del 29 de agosto, en Suba, Engativa, Bosa, esta asociada a falta de Espacio público

El alcalde destaca además un informe de la alcaldia local de Chapinero en el que señala que 800 mil personas que viven en zonas con amenaza latente de inundación se beneficiarán con el POT.

Frente a estos pronunciamientos, el concejal Javier Palacio Mejía, le escribió al alcalde:

«No trate de disfrazar alcaldada en una lucha de ricos y pobres su POT es ilegal y los tribunales lo dirán».

Además le recordó que el próximo viernes le hará un debate de control político a su administración, en el cual debe responder precisamente por la expedición del POT por decreto.