El Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez celebró la decisión del Congreso de la República de legislar para ‘ponerle freno’ a los accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios, sin embargo, advierte que es necesario abordar el problema de la accidentalidad vial de manera integral.

Otálora Gómez reiteró la necesidad de recurrir a políticas preventivas y sanciones sociales para todas estas conductas y en el caso particular de quienes conducen en estado de embriaguez hacer una clara distinción entre quienes ocasionan lesiones o la muerte de una persona y quienes solo son sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol, sin generar daños a terceros.

“El argumento de la cárcel a conductores embriagados o el aumento de penas a quienes causen la muerte a ciudadanos conduciendo en ese estado, por sí solo, no soluciona de fondo el problema la accidentalidad vial en el país”, destacó.

Para el Defensor de Pueblo, aunque es muy importante legislar sobre el problema de salubridad pública generado por el gran número de conductores ebrios, por el cual en los primeros siete meses del año se impusieron 37.424 comparendos, es necesario tener en cuenta que la embriaguez es la sexta causa de accidentalidad vial.

Según información de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, conducir bajo los efectos del alcohol representa el 6,9% del total de accidentes producidos en el país a la fecha, por debajo del 14,3% por no respetar la prelación, del 13,3% por cruzar sin observar, del 10,9% por desobedecer señales de tránsito, del 10,5% por exceso de velocidad y del 7,2% por no mantener la distancia.

Precisamente, en los últimos días se han registrado graves accidentes de tránsito, con un gran número de víctimas mortales, con causas diferentes al conducir en estado de alicoramiento. El pasado lunes, por ejemplo, un bus que transportaba estudiantes se fue a un abismo en Boyacá (en la vía que de Chiquinquirá conduce a Otanche), al parecer por exceso de velocidad, y dejó un saldo de 2 jóvenes muertos y 20 heridos.

De la misma forma, en Bogotá en la noche del pasado martes un ciclista perdió la vida después de ser atropellado por un bus de TransMilenio en la Avenida Suba; un peatón fue atropellado por un motociclista cuando intentaba cruzar la Avenida Boyacá, a unos cuantos metros donde estaba ubicado un puente peatonal; y un motociclista perdió la vida al chocar con un automóvil en la Avenida Ciudad de Cali con calle 57 sur.

Al respecto, Otálora Gómez les pidió a los legisladores que revisen la normatividad relacionada con el tránsito de motocicletas, toda vez que en los primeros siete meses del año un total de 1.092 motociclistas murieron en accidentes de tránsito (lo que representan el 38% del total de muertes en accidentes de tránsito). Adicionalmente, recomendó ajustar las normas para hacer más rigurosos los controles a los vehículos de servicio público.

Por último, el Defensor del Pueblo considera fundamental trabajar en campañas pedagógicas para lograr mayor respeto hacia los peatones y de los mismos peatones sobre el cumplimiento de las normas, ya que éstos representan el 27% de los muertos en accidentes de tránsito.