Un llamado urgente a las autoridades municipales, departamentales y nacionales hizo la Defensoría del Pueblo ante el riesgo en el que se encuentran 8.000 personas del corregimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata (Norte de Santander), ante un inminente ataque de las Farc a la población.

Un Informe de Riesgo de Inminencia elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, dirigido al Ministerio del Interior, recoge denuncias sobre tres hostigamientos cometidos por el grupo subversivo a la estación de Policía del corregimiento con artefactos explosivos no convencionales que han causado temor entre sus habitantes.

Los explosivos, conocidos como ‘tatucos’, han caído en terrenos que rodean la estación de Policía, poniendo en peligro viviendas y centros educativos, lo cual ha generado que los ocupantes de las edificaciones aledañas se han visto obligados a abandonarlas y a trasladarse fuera del casco urbano del corregimiento. Incluso, se prevé que de continuar la amenaza se desplacen hasta la cabecera municipal de Sardinata.

Según las autoridades locales, la falta de médico en el puesto de salud y una ambulancia tornarían crítica la atención de víctimas en caso de un ataque del grupo guerrillero. Además, también prevén daños en la iglesia de la Parroquia de las Mercedes, lugar en el que se ubican efectivos de la Policía.

La Defensoría del Pueblo les ha solicitado a las autoridades que actúen de manera preventiva para evitar un desplazamiento masivo de la población y estar preparados para brindar atención humanitaria a la población de Las Mercedes.

Igualmente, pide a las autoridades cumplir con una sentencia de tutela de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que ordena reubicar la estación de Policía de Las Mercedes. El punto en el que se encuentra la sede en este momento pone a la población en una situación de indefensión y en riesgo de exponer su vida o su integridad, advierte el fallo.

La decisión fue emitida el pasado mes de junio por el alto tribunal que dio al Alcaldía Municipal, a la Gobernación de Norte de Santander y al Ministerio de Defensa 48 horas para que inicien las gestiones para el traslado de la estación de Policía.

Si bien es cierto que las autoridades atendieron el llamado de la Defensoría del Pueblo y reforzaron los dispositivos policiales, se mantiene la zozobra entre la comunidad y el miedo a retornar a sus lugares de residencia.