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Hay otro líder de víctimas de Palmitos que corre peligro: Defensoria

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La Defensoría del Pueblo les solicitó a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior medidas extraordinarias de seguridad para salvaguardar la vida e integridad de Luis Felipe Vega, uno de los 46 representantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas elegida el jueves pasado en ceremonia presidida por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, quien recibió amenazas de muerte.

La alerta ocurre un día después del homicidio de Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, quien al igual que Vega eran líderes de la Mesa Municipal de Víctimas del Palmito (Sucre) y actuaban en los procesos de restitución de tierras en esa zona del país.

Ante este crimen, y en el marco de un consejo extraordinario de seguridad adelantado este lunes en Sincelejo, la Defensoría Regional de Sucre les solicitó a las autoridades departamentales, militares y de Policía adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos relacionados con el homicidio de Olmos Cárdenas.

Vega, quien llegó a la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas como representante de la mesa municipal de Palmito y de la departamental de Sucre, trabajaba de la mano con Olmos Cárdenas, que según el reporte de las autoridades, fue atacado por dos hombres en plena plaza principal de Palmitos, donde atendía un puesto de comidas rápidas. Los sicarios le propinaron cinco impactos de bala.

Ante el inminente riesgo de los líderes de víctimas, el Defensor del Pueblo alerta al Gobierno Nacional para que analice los escenarios de riesgo que podrían enfrentar los distintos miembros de la recién conformada Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, y evalúe las medidas de protección que considere pertinentes.

Los 46 líderes que integran dicha Mesa tienen la misión de concertar los planes, proyectos y programas que permitan dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras), siguen contando con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para asegurar el goce efectivo de los derechos de las 5.781.710 víctimas registradas.