–Una condena de hasta 20 años de cárcel enfrentan los 2 jueces y los restantes 9 funcionarios implicados en una red de corrupción que se ha dado en llamar el «Cartel judicial» de Paloquemao, y quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento, tras la legalización de las respectivas capturas.

Ante el Juzgado 52 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, quien legalizó las capturas, la fiscalía imputo a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión y cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.

Los enjuiciados son el juez 26, Ricardo del Cristo Rodríguez y el juez 38 Francisco Javier Barbón, ambos penales municipales con función de control de garantías.

Igualmente los siguientes funcionarios:

Alejandro Navas (notificador), Anadelina Corredor (secretaria juzgado 26), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Javier Yesid Español Palacios, (oficial mayor de un juzgado), Marvi Quecano Urueña (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), Daniel Esteban Hurtado Rey (estudiante derecho) y Manuel Humberto González Cuellar (intermediario).

En la diligencia judicial, efectuada por fiscales delegados ante tribunales superiores de la Unidad Nacional de Investigaciones contra Funcionarios de la Rama Judicial, se reveló que estas personas se dedicaban a dirigir medidas de aseguramiento, tramitaban libertades irregulares, emitían copias de audiencias preliminares de forma indebida y ordenaban traslados de presos a diferentes ciudades.

Por algunos de estos procedimientos, cobraban hasta 100 millones de pesos.

Se les vinculó como como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión y cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.

Las órdenes de captura fueron proferidas por un juez de Tunja el pasado 10 de octubre, que daba cuenta de una organización al margen de la ley dedicada a intervenir indebidamente en los trámites en los juzgados penales y civiles de la capital.

Al proceso fueron vinculados dos jueces penales municipales y otros funcionarios.