La Auditoría General de la República puso bajo la lupa el caso de la contralora Sandra Morelli quien es acusada por detrimento patrimonial al Estado por $118 millones de pesos gastados en gasolina de dos carros de uso privado y $111.299.000 en tres contratos.

La primera auditoría es sobre los contratos 196 de 2011 y 472 de 2012 para el suministro de combustible a vehículos de la Contraloría, donde figura el carro de placas BWK 485, que pertenecería a María Sandra Morelli Rico.

Ese sería el primer hallazgo administrativo con alcances penales porque no se puede destinar gasolina pagada por el Estado para los carros personales de los funcionarios.

La segundo contrato es el 002 de 2012 con el señor José Manuel Sánchez para repartir documentos de trámite especial de la contralora. Al revisar la documentación se encontró que es el conductor del carro BWK 485 de propiedad de la contralora, no está en la nomina de conductores asignados al despacho y no maneja vehículo oficial.

El tercer contrato es el 003 de 2012 donde se contrata a la señora Amanda González como apoyo al despacho de la Contralora en labores secretariales. La señora González solo acreditó estudios hasta cuarto de bachillerato y se gana $6 millones 34.000 pesos, mientras que las dos secretarias ejecutivas del despacho ganan $3 millones ochocientos mil pesos.

Estas auditorías se encuentran suspendidas a la espera de que el procurador, Alejandro Ordóñez, decida si acepta la recusación contra la Auditora, Laura Emilce Marulanda, presentada por la contralora Morelli, quien la acusa de ser amiga personal del excontralor Julio César Turbay Quintero, enemigo suyo.

A estas auditorías se suma la abierta por el arrendamiento de las oficinas donde funcionan la Contraloría y la Auditoría, en el centro comercial Gran Estación II, así como los contratos suscritos por la celebración de los 90 años de la entidad.