El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, pidió a alcaldes y gobernadores del país aplicar desde ahora acciones de vigilancia y control en la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y manipulación de la pólvora, teniendo en cuenta la próxima celebración del Día de los niños y las niñas, y la cercanía de las festividades de navidad y de fin de año.

El llamado los hizo el Defensor Otálora Gómez teniendo en cuenta los altos índices de niños y niñas quemados con pólvora en anteriores años. Según estadísticas del Servicio Nacional de Salud, casi 3 mil infantes han resultado lesionados con la manipulación de este tipo de artefactos en los últimos 8 años.

Las cifras, que demuestran la gravedad de la situación, indican que cada año, en promedio, resultan lesionados con el uso de la pólvora 300 menores en el país. El mayor número de víctimas se han registrado en Antioquia, Nariño Valle del Cauca, Norte de Santander, Caldas y Bogotá. En estos cinco departamentos y en el Distrito Capital han ocurrido 1.815 casos, el 64 por ciento del total de lesionados en todo el territorio nacional entre los años 2004 y 2012.

Sin embargo, existe un alto número de casos que no son denunciados a las autoridades lo que lleva a suponer que hay un alto subregistro que aumentaría las cifras oficiales.

Por la magnitud del problema, el Defensor del Pueblo reitera su propuesta a los funcionarios locales y seccionales que, de ser necesario, consideren prohibir por decreto la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y manipulación de la pólvora, salvo en eventos y actividades que bajo el auspicio de las administraciones, sean conducidas por expertos en la materia.

A la vez advierte a los padres de familia para que instruyan a sus hijos y desde la casa prevengan accidentes. En su pronunciamiento también pide campañas estatales que fortalezcan a familias colombianas para que se constituyan en el primer eje de protección de los derechos de los menores, asumiendo actitudes, comportamientos responsables frente al tema.

El Defensor Otálora Gómez instó igualmente a la Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y a las demás autoridades comprometidas, a cumplir de manera rigurosa con las acciones de pedagogía que les corresponde con el objetivo de crear conciencia acerca de los riesgos que implican la manipulación de la pólvora.

En igual sentido pide a los jueces, a la Fiscalía General de la Nación y las agencias de policía judicial de investigar y sancionar de manera ejemplar a los responsables de que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de pólvora o juegos pirotécnicos, incluidos los padres de los menores, tal como lo establece el Código Penal.

Igualmente reitera al Gobierno la necesidad de generar una política pública nacional frente a esta problemática y evitar que cada año el país siga registrando este tipo de tragedias.

La Defensoría del Pueblo, por medio de su Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud, la Mujer y los Ancianos hará un seguimiento riguroso ante las comisarías de familia y las regionales del ICBF y las alcaldías para que cumplan con sus obligaciones y tomen las acciones pertinentes para evitar que los menores sigan siendo víctimas de este flagelo.

Por ello, el Defensor del Pueblo considera esencial extender de manera vehemente el llamado a la sociedad en general para que cualquier persona que conozca de situaciones como las que nos ocupan las denuncie inmediatamente para lograr la judicialización inmediata de los responsables, tal y como lo dispone la recientemente expedida Ley de Seguridad Ciudadana.

La convocatoria la hizo extensiva a los medios de comunicación para que contribuyan, como lo han hecho en años anteriores, con campañas pedagógicas, de prevención y la vez generando alertas sobre la problemática. El objetivo es que a partir de este año se reduzca a cero el índice de niños quemados con pólvora.