Inmediatamente al anuncio del Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, sobre la imposición de medida de aseguramiento, se hizo efectiva — por tercera ve– la captura del general retirado Miguel Maza Márquez y su traslado al bunker de la Fiscalía, donde permanecerá hasta que se le defina el centro carcelario en el cual será recluido a la espera de que se le resuelva su situación por el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989 en el parque principal del municipio de Soacha, Cundinamarca.

En momentos en que Montealegre Lynett revelaba en la Corte Suprema de Justicia que había ordenado la captura, agentes del CTI de la fiscalía estaban arribando a la residencia del exdirector del DAS para darle cumplimiento.

Tal como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, el Fiscal advirtió que por tratarse de un delito de lesa humanidad había decidido imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del general retirado Miguel Maza Márquez, por la muerte del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, su escolta Santiago Cuervo Jiménez y el concejal de Soacha Julio César Peñalosa Sánchez.

Montealegre explicó que tuvo siete razones para asegurar a Maza Márquez, la primera de ellas, el contexto social y político que vivía el país para la época de los hechos.

La segunda, las multiples amenazas en contra de la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, las cuales eran de conocimiento del General en su condición de director del DAS.

En este sentido, dijo que 14 días antes del homicidio de Galán Sarmiento, se desarticuló un atentado en la ciudad de Medellín, sin que tras el mismo se incrementaran las medidas de protección al entonces candidato.

La tercera, el debilitamiento y los cambios en el esquema de seguridad de Luis Carlos Galán, hecho que, señaló, se produjo en el transcurso del año anterior al homicidio, cuando se remplazó sistemáticamente a varios de los miembros del esquema de seguridad.

La cuarta, la designación de Jacobo Alonso Torregrosa Melo, como jefe del esquema de seguridad, quien no era idóneo para el ejercicio del cargo y al parecer estaba vinculado con los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio.

La quinta, los estrechos vínculos entre el DAS y su director con el paramilitarismo encargado de la ejecución del homicidio.

En sexto lugar, los actos desarrollados por Maza Márquez para desviar el curso de las investigaciones iniciales adelantadas en 1989, por el homicidio, con los cuales el general vinculó a personas ajenas a los hechos, como lo demostraron posteriormente las acciones judiciales que absolvieron de responsabilidad, entre otros a Alberto Jubiz Hazbún.

Y la séptima, la probable presentación de falsos testigos por parte de Maza Márquez en las actuaciones recientes.

Iván González, abogado de Maza Márquez, pidió a la Fiscalía y al INPEC que el exdirector del DAS sea recluido en el Centro de Estudio Superior de la Policía (Cespo), atendiendo su avanzada edad y algunos problemas de salud que lo aquejan.

Por el asesinato de Galán fue condenado ya el excongresista y exministro tolimense Alberto Santofimio Botero, como autor intelectual.

Santofimio fue encarcelado en junio de 2006, pero fue dejado en libertad dos años más tarde al anularse la condena inicial en un fallo de segunda instancia.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión y ordenó su recaptura el 31 de agosto de 2011, para purgar la condena de 24 años de presidio por el magnicidio.