La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a José López Amaris y Enrique Chartuni González, en sus calidades de gerentes de Transcaribe, por las irregularidades relacionadas con el contrato de concesión para “el diseño y construcción del portal El Gallo y el Patio-Taller del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM Transcaribe).

Mediante fallo de primera instancia, el Ministerio Público encontró que el señor Chartuni González violó los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal porque en el marco de este proceso utilizó prediseños que debía implementar el concesionario Portal Calicanto S.A.S. para el Portal, Patio, Taller de Transcaribe, los cuales tenían graves problemas técnicos y de planeación, lo que implicó que fuese necesario elaborarlos nuevamente por parte del concesionario.

En el fallo de primera instancia se señaló que “al haber utilizado y aplicado como sustento fundamental de la contratación de la licitación los diseños mencionados, pese a contener un grave error como el de no haber tenido en cuenta que se debía destinar la franja de terreno para la construcción de una vía a través de la cual los habitantes de la urbanización Villas de Granada pudieran acceder a sus lugares de vivienda, es una situación de una magnitud y de una evidencia tal que era apenas previsible en una contratación de esta importancia, nada menos que parte del proyecto Transcaribe en la ciudad de Cartagena. (…).

Con un mínimo de atención o de diligencia, el gerente de Transcaribe hubiera podido precaver la irregularidad que se ha encontrado probada; esto, sin considerar el otro aspecto trascendental del error presentado en los diseños previos; que en éstos no se contempla franja para el mantenimiento del canal Matute”.

De otra parte, se sostiene que el disciplinado dio la orden al concesionario de modificar el esquema de operación de dos a tres operadores sin valorar previamente el impacto técnico y económico que esta decisión tendría en la ejecución del contrato de concesión, hecho que denota falta de planeación.

Frente a este hecho, el órgano de control concluyó que Transcribe no realizó ningún análisis financiero ni técnico frente al impacto que tendría la decisión de incorporar un operador más, en el desarrollo y ejecución de la concesión del Portal Calicanto S.A.S. y todo fue dejado bajo la exclusiva valoración por parte del contratista.

Con respecto a la conducta del señor José López Amaris, actual gerente de Transcaribe, la Procuraduría encontró que se abstuvo de iniciar los trámites inherentes a la imposición de multas en contra del concesionario Portal Calicanto S.A.S. ante sus constantes incumplimientos contractuales frente al avance del cronograma de obra y, en su lugar, suscribió dos otrosíes modificatorios con los cuales prorrogó el plazo para dichos cumplimientos.

Por último, se tiene que el ingeniero López Amaris no valoró el impacto técnico y económico que generaría en el contrato de concesión la suscripción de estos otrosíes, mediante los cuales se prorrogó el plazo de entrega de los hitos de las obras y se suspendió este contrato, “máxime si el contratista ya había anunciado los reconocimientos económicos que le conllevaría la citada suspensión, aspecto sobre el cual afirmó que se presentarían costos del orden de los 415 millones de pesos mensuales”.

Es importante indicar que el Ministerio Público advirtió que si bien todos los aspectos relacionados con la demora en entrada del sistema Transcaribe no son materia de investigación, “no puede dejar de señalar que el cabal desarrollo del contrato de concesión suscrito con la sociedad Portal Calicanto S.A.S. ha venido siendo impactado negativamente por toda la serie de irregularidades especialmente de índole de planeación, y cada una de ellas ha coadyuvado en los ostensibles retrasos allí presentados”.

A la fecha, la reclamación económica formulada por el concesionario a Transcaribe, asciende a la suma de $11.400 millones de pesos, relacionados con la falta de planeación que se encontró probada para los dos gerentes de Transcaribe.

Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.