El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, anunció que solicitará al Ministerio del Interior medidas urgentes para frenar el incremento de la violencia que se ha registrado en el último año a raíz del accionar de bandas criminales integradas por desmovilizados de grupos guerrilleros y de las AUC.
Durante una visita humanitaria realizada en compañía de los representantes en Colombia de las oficinas de la ONU para los DDHH y para los Refugiados, el Defensor del Pueblo denunció una ‘ley del silencio’ que impera en algunas comunas atemorizadas por los grupos armados ilegales.
Los miembros de la misión aseguraron que pudieron constatar el desplazamiento masivo producto del accionar violento de los grupos armados ilegales ‘la Empresa’, ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’, quienes se enfrentan por el control territorial y han dejado a su paso viviendas desocupadas y muchas otras destruidas.
Otálora Gómez constató la crítica situación que viven cerca de 1.300 familias (alrededor de 4.000 personas) víctimas de desplazamiento intraurbano.
De la misma forma, se mostró preocupado por el incremento de la violencia en el último año y por la falta de respuesta efectiva de las autoridades locales en el último año, ya que las mismas tres entidades habían realizado en noviembre de 2012 una visita humanitaria en la que advertían la crítica situación de derechos humanos y un año después la situación ha empeorado.
Según las cifras oficiales, mientras en 2012 se registraron 122 homicidios, en lo corrido del año ya se han presentado 145 homicidios, aunque se considera que la cifra puede ser mayor, debido al temor de las comunidades a presentar las denuncias tanto de asesinatos como de amenazas y extorsiones.
Las intimidaciones han llegado a casos como el de ocho cuerpos de víctimas desmembrados que aparecieron antes y después de la realización de una marcha por la paz, que organizaron algunos líderes sociales, lo que lleva a pensar en un macabro simbolismo de terror, coincidieron los altos funcionarios que integran la comisión humanitaria.
Las víctimas, en su mayoría, habitaban las comunas 3, 4, 9 y 12 de Buenaventura, quienes han tenido que abandonar sus hogares por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en esas zonas del puerto.
El Defensor del Pueblo anunció que, de manera conjunta con las oficinas de la ONU para los DDHH y para los Refugiados, presentará un detallado informe sobre esta vista al Ministerio del interior con el objetivo de solicitar del Gobierno Nacional una política pública integral que incluya obras, servicios públicos y programas de empleo.
“Necesitamos presencia del Estado para los habitantes de Buenaventura que, por un lado observan el desarrollo de la economía que ingresa por el puerto y, por otro, viven en medio de las condiciones más extremas de pobreza. Eso es lo que vamos a demandar del Gobierno”, dijo Otálora Gómez, luego de observar las viviendas desocupadas, muchas a punto de caerse producto de los actos violentos por la disputa que sostienen grupos armados como ‘la Empresa’, ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’.
Tanto Camargo como Howland respaldaron la propuesta del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional designe un gerente para la ciudad, que permita enfrentar tanto los graves problemas de derechos humanos y de violencia como los sociales y económicos.
Otálora Gómez, reconoció la labor que cumple la Fuerza Pública y destacó los resultados que se han traducido en capturas y en incautaciones pero estas acciones deben ir acompañadas de inversión pública y de gestión local.
Los miembros de la misión humanitaria se reunieron los líderes de las comunidades para conocer, de primera mano, las difíciles condiciones en las que se encuentran tras su desplazamiento y las situaciones de amenaza y vulnerabilidad de algunos de sus líderes sociales.
Al finalizar la misión humanitaria, Otálora Gómez, Camargo y Howland se reunieron con las autoridades locales y con las diferentes instituciones del Estado para revisar las labores que han venido adelantando para garantizar la protección de las comunidades de esa región del país, particularmente de las víctimas de los recientes desplazamientos intraurbanos, ante quienes insistieron en la necesidad contar con un gerente que pueda articular las problemáticas locales con el nivel nacional.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo lamentó que tanto el Alcalde de Buenaventura como el Gobernador del Valle, quienes habían sido convocados, no hubiesen atendido el llamado de la entidad ni de los organismos internacionales. “Pese a que el Alcalde volvió a incumplir las convocatorias envío un representante, sin embargo, el Gobernador ni siquiera se excusó. Esto refleja la indolencia y la falta de atención de las administraciones locales frente a una de las problemáticas más graves de derechos humanos que registra el país”, puntualizó Otálora Gómez.
