Este martes la Plenaria de Senado votará el proyecto de ley que modifica, la ley 65 de 1993, más conocida como el Código Penitenciario, y que tiene como objetivo solucionar la aguda crisis carcelaria que afronta el país, principalmente por el problema del hacinamiento.

El pasado 16 de octubre, fecha en que el proyecto se aprobó en la Comisión Primera del Senado, se acordó también la creación de una comisión accidental para resolver algunas inquietudes expresadas por legisladores como Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) y Carlos Enrique Soto (Partido de la U).

Dentro de los artículos más controversiales, y que fueron analizados por la comisión accidental, antes de la plenaria de mañana, destacan el 31, que tipifica el delito de obstrucción de las vías de comunicación, y el 34, que abre la puerta a la privatización de la vigilancia al interior de los penales del país.

Sobre este punto, la comisión de ponentes, encabezada por el senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal), se comprometió a evitar que se criminalice la protesta social y que se privatice el servicio de vigilancia en las cárceles colombianas.

«La comisión se encargará de resolver las objeciones legítimas que se han expresado en esta honorable comisión, como la posible criminalización de la protesta social, cosa que es inadmisible, y el tema no menos controversial de la posible privatización al interior de los penales», dijo el senador García.

Sobre estos puntos de controversia, el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez se ha expresado a favor de excluir el artículo sobre la obstrucción de las vías de comunicación y a buscar fórmulas con la comisión accidental para abordar el tema de la vigilancia al interior de los penales.

«Con este proyecto se humanizan las cárceles del país. No es la solución absoluta pero es un instrumento que avanza en la dirección correcta. Esperamos que en la comisión se resuelvan las inquietudes de los senadores de cara a la plenaria», dijo recientemente el ministro Gómez Méndez.

El proyecto, de origen gubernamental y radicado en marzo de 2013 por la entonces ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, modifica la ley 65 de 1993 en cuatro ejes principales que son: la reorganización del sistema penitenciario y carcelario, una nueva regulación en materia de libertad condicional, apoyo a la actividad judicial y fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciario.

Luego de haber pasado los dos debates en la Cámara de Representantes, y de ser aprobado en la Comisión Primera del Senado, el proyecto de reforma de Código Penitenciario pasará mañana a la plenaria del Senado y posteriormente a sanción presidencial.