El Senado uruguayo aprobó el proyecto con 16 votos a favor y 13 en contra, en una sesión de doce horas, convirtiéndose en el primer Estado en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de marihuana, para combatir el narcotráfico.

La iniciativa inédita, impulsado por su popular presidente José Mujica, un exguerrillero tupamaro, ubica al país en un lugar de vanguardia en el mundo entero. El Frente Amplio, partido del Presidente y con mayoría parlamentaria, le aseguró la aprobación del inédito y polémico texto.

Así se dio luz verde a una iniciativa que, según sus ponentes, busca ser una nueva respuesta frente a la que califican de fallida estrategia contra el narcotráfico en los últimos 40 años.

El proyecto cita entre sus objetivos “reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado, así como también combatir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, a través de la intervención del Estado”.

Julio Bango, diputado del Frente Amplio, el partido de gobierno, y corredactor del proyecto de ley asegura que la regulación del cannabis por parte del estado, va a contrarrestar el consumo en el mercado negro, y por tanto será un golpe necesario y certero hacia el narcotráfico.

“Por cada persona que pase al mercado de la marihuana del estado, habrá una menos en el mercado negro, y eso lo va a sentir el narcotráfico (…) Separar el mercado de la marihuana, eliminará, además, la probabilidad de que los consumidores tengan contacto con drogas más duras”, afirma Bango.

El diputado también expone que el proyecto es una forma de que Uruguay salga de una “contradicción inaudita” en la que el país no pena el consumo de drogas, pero hasta ahora sí la producción y venta.

Una contradicción que también expone la doble línea por la que se mueve este ‘paisito’ latinoamericano, como suelen llamarlo los uruguayos, con una tradición liberal mostrada por ejemplo en las leyes de matrimonio homosexual, la despenalización del aborto, y al mismo tiempo una sociedad subrepticiamente conservadora.

La carpeta No. 1288 de 2013, entregada a la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay, es el texto que contiene este proyecto que ha ubicado a Uruguay en el foco del mundo.

En él están consignados pasos, instrucciones, métodos y nuevas instituciones que surgirán a partir de la aprobación de esta ley ‘sui generis’.

Por ejemplo, la nueva legislación establece la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, cuya función será la de fiscalizar que se cumpla la ley, otorgar y llevar el registro de licencias a los productores y vendedores, así como aplicar sanciones en caso de que la ley no se cumpla.

El registro, uno de los puntos más criticados por los opositores del proyecto, y que además regularía la cantidad asignada por mes por persona generó un intenso debate durante la sesión de este martes en el Parlamento uruguayo.
La ley contempla un límite de seis plantas por persona -en clubes de membresía o comprándola en farmacias- con un tope de 40 gramos mensuales, y un producto de recolección con una máximo de 480 gramos anuales.

Durante su ponencia, el senador del Partido Colorado (oposición/derecha) Alfredo Solari aludió a este punto e indicó que “no existe un sistema informático que permita detectar cuando se compran los 40 gramos de marihuana en la farmacia”.

La dificultad del control no es un aspecto problemático para Bango, quien asegura que “ya existen –en Uruguay-procedimientos para controlar otras drogas en tiempo real y se hace bajo la ley de habeas data para la protección de datos sensibles (…) si la gente no se registra y se pasa a las condiciones legales, seguirá estando expuesta a las sanciones legales previstas”.

¿Y qué pasa si la ley no funciona? “Va a seguir pasando lo que hasta ahora. Eso no va a cambiar. Este proyecto es simplemente otra alternativa para la lucha contras las drogas”, asegura Bango.

Pero esa otra alternativa, preocupa a la oposición que durante el debate indicó que es visible la improvisación del gobierno sobre los instrumentos de regulación, que hay un temor sobre el aumento del turismo a razón sólo del cannabis, y subrayó la preocupación por la salud pública.

“Con este proyecto inconstitucional, el gobierno abre una puerta al abismo”, dijo en el debate, el senador del Partido Blanco (oposición / derecha).

Martín Collazo, vocero de la Regulación Responsable, una agrupación de ciudadanos y de organizaciones sociales que apoyó la iniciativa, asegura que el proyecto “no desconoce los riesgos y daños que causa en la salud de las personas la marihuana, como lo genera, el alcohol y el cigarrillo”.

Sin embargo, “si el gobierno tiene la potestad para su producción y venta, esos riesgos se gestionarán de mejor manera”.

Las gestiones según Collazo, implicarán acciones como información de los daños en el punto de venta y en medios de comunicación, gestiones en la salud pública sobre la prevención de adicción, e incluso inserción de información en el sistema educativo.

Según cifras de ese colectivo, uno de cada cinco uruguayos, y uno de cada tres jóvenes montevideanos- están expuestos al ofrecimiento de drogas más peligrosas y adictivas cuando compran marihuana.
“Queremos eliminar el efecto de la teoría de la góndola, esto es, vas a comprar marihuana y terminando ofreciéndote otras drogas”.

Las cifras del gobierno de Mujica son menos preocupantes en comparación con las de Colombia. El consumo de marihuana se ha duplicado en la última década. Cerca de 120 mil personas consumen esta droga, es decir, el 4% de la población. En Colombia son cerca de 450 mil.

Cada año en el país oriental se venden 22 toneladas de marihuana, que valdrían entre 30 y 40 millones de dólares.