Tras un ultimátum de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación entregó este viernes al organismo investigador el documento completo que consigna el fallo disciplinario que destituye e inhabilita por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Tras la entrega del documento, la Procuraduría emitió un comunicado en el que niega que haya habido obstrucción de la justicia y califica de «extraño» el requerimiento de vicefiscal General de la nación, Jorge Fernando Perdomo.

Perdomo había hecho hoy una advertencia en una carta dirigida al procurador primero delegado, Juan Carlos Novoa, para que su despacho entregara la sentencia antes de las 17.00 horas de hoy, lo que este organismo, que es el Ministerio Público, finalmente hizo.

La Procuraduría impuso la sanción contra Petro el pasado lunes al considerar que el alcalde hizo una mala gestión al cambiar el esquema de basuras de la capital, tras lo cual la Fiscalía inició una investigación para verificar si la decisión disciplinaria estaba acorde a la ley.

La Fiscalía junto con el Consejo de Estado son las únicas constancias habilitadas para ejercer control sobre la labor de la Procuraduría y además es el organismo que controla la actuación disciplinaria de los funcionarios colombianos.

«Desafortunadamente han sido múltiples las justificaciones que los funcionarios de la Procuraduría General han propuesto a los investigadores de la Fiscalía para negar y dilatar la entrega de la decisión aludida», expuso Perdomo en la misiva.

Según explicó, la Procuraduría evitó entregar el fallo por primera vez el martes bajo el argumento de que existía «reserva legal» y el miércoles aludió a la inconveniencia de entregar el fallo sin adjuntar otras piezas procesales, así como a «la ausencia de personal para la toma de fotocopias».

«Todas estas justificaciones son por entero equivocadas y sorprendentes, en tanto que contrarias a derecho y hasta inverosímiles», anotó el vicefiscal, quien expresó la «absoluta preocupación» del ente acusador por el incumplimiento de una orden por parte de los funcionarios de la Procuraduría.

Asimismo, alertó de que esta actitud «puede adecuarse en el delito contemplado en el artículo 454B del Código Penal, denominado como ‘ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio'».

El Ministerio Público respondió que considera «innecesario» que el vicefiscal le haga «advertencias sobre conductas penales que no han ocurrido, y que otorgue plazos improrrogables, los cuales ya habían sido concedidos» la víspera por unos investigadores que el propio Perdomo envió a la Procuraduría.

«Por lo tanto, el Ministerio Público rechaza vehementemente cualquier señalamiento de una supuesta irregularidad que no ha ocurrido y entrega el documento con las 484 páginas que lo componen», agrega el mensaje.