Ocho militares, un mayor, un sargento y seis soldados profesionales, fueron acusados por un fiscal especializado por el homicidio del campesino Wilson Vicente Monroy Galindo, ocurrido en agosto de 2006 en Vista Hermosa (Meta).

Los militares fueron llamados a juicio como presuntos coautores del homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada de un campesino en Vista Hermosa (Meta), falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de armas.

De acuerdo con la investigación, “los hechos quedaron consignados en un informe sin número y fechado el 17 de agosto de 2006, elaborado por el entonces suboficial Muñoz Duarte, como comandante de sección, mediante el cual dio cuenta de que hacia las 7:30 de la mañana, cuando se encontraban en desplazamiento por un sector de la vereda Palmeras, del poblado de Santo Domingo, Vistahermosa, en desarrollo de la operación Jericó, misión táctica Atalaya, fueron atacados por un número plural de bandoleros de las Farc que operan en la región y en respuesta de la agresión, respondieron al fuego con sus armas de dotación oficial”.

En otro de los apartes, el informe dejó constancia de que al cesar el ataque y proceder al registro del terreno, fue hallado el cuerpo sin vida de uno de los insurgentes que vestía camuflado y portaba en su poder un fusil AK-47.

En contraposición al informe, algunos delegados de derechos humanos, vecinos de la región, allegados y familiares aseguraron que la víctima, Wilson Vicente Monroy, quien se dedicaba a cuidar un predio rural en la zona en el que cultivaba coca, fue sacado de allí por los militares, que lo retuvieron por un tiempo considerable hasta que finalmente apareció vestido con prendas militares y con varios impactos de armas de fuego de largo alcance.

Según el testimonio de uno de los soldados presentes en la escena del crimen, la víctima estaba cocinando alimentos en su vivienda, de donde fue sacado por los militares, quienes durante tres días lo retuvieron para, posteriormente, asesinarle y registrar en el informe de operaciones una supuesta muerte en combates con la guerrilla. Al parecer, por ese hecho los soldados recibieron varios días de licencia de permiso.

La decisión judicial afecta al mayor del Ejército Germán Enrique Bermúdez Olaya, el sargento viceprimero Evelio Muñoz Duarte y los soldados profesionales Henry de Jesús Gallego Castaño, Oliverio José Ríos, Luis Carlos Batero Manzo, Diego Fernando Oviedo Gutiérrez, José Reinel Rodallega Arboleda y Freddy Antonio Rivera Riaño