El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, anunció que interpuso una acción de tutela para que un juez de la República sea quien determine las acciones pertinentes frente a la situación que se presentó en la cárcel Modelo de Barranquilla donde un incendio acabó con la vida de 17 internos.

“Será un juez quien dirima estos conflictos e imparta las instrucciones necesarias de cuál es la autoridad que tiene que hacer las adecuaciones a la cárcel de la capital del Atlántico, porque continúan las diferentes peticiones por parte de los internos y las condiciones realmente son muy difíciles”, puntualizó Otálora Gómez.

El funcionario recordó que el hacinamiento en ese penal llega al 147 por ciento, en la medida en que tiene capacidad para 454 internos y a corte del 15 de Enero se registraba la presencia de 1.123. Tan sólo en el pabellón donde ocurrieron los hechos, la capacidad es de 196 y en el momento de los desórdenes había 716.

Según información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), los problemas se presentaron luego de una riña que obligó a la intervención de la guardia carcelaria mediante una diligencia de registro, al cabo de la cual se habrían presentado choques que derivaron en el uso de gases lacrimógenos y una conflagración cuyo origen aún no ha sido aclarado, en el interior del Patio B.

De acuerdo con la información oficial, en el sitio perdieron la vida seis internos, en tanto que otros cuatro fallecieron al ser trasladados al Hospital Niño Jesús. Otras 38 personas sufrieron lesiones y afecciones como consecuencia del incendio, 25 de las cuales reciben atención en el Hospital de Barranquilla, la Clínica General del Norte, la Clínica Reina Catalina y la Clínica de la Costa, entre otras.

Cabe recordar que el 20 de Noviembre del año pasado se presentó un amotinamiento en la Cárcel Modelo, hechos que derivaron en la destrucción de uno de los patios y heridas ocasionadas al personal del INPEC. En ese momento la Defensoría del Pueblo intervino realizando funciones de conciliador, las cuales permitieron superar la contingencia.

En virtud de esta situación y los evidentes problemas de hacinamiento en el penal, el 22 de ese mismo mes se llevó a cabo una reunión con el director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Carlos Pineda, y el 25 se envió un oficio a la alcaldesa Elsa Noguera informándole los índices de hacinamiento que registraba no sólo la cárcel Modelo, sino también la Penitenciaría El Bosque y el ERE Sabanalarga, solicitándole la asignación de cupos para el traslado de algunos internos a la Cárcel El Bosque, administrada por el Distrito. Un día después se ofició igualmente al Secretario del Interior Departamental para que convocara de manera urgente el Comité de Seguimiento de Políticas Penitenciarias, el cual no se llevó a cabo.

Por todo lo anterior y ante la gravedad de los hechos registrados esta madrugada en Barranquilla, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insistió al Gobierno Nacional para que se adopten medidas de choque que permitan superar la emergencia que afrontan la cárcel Modelo y en general los centros carcelarios del país, donde no obstante el cupo para 76.066 internos hay 120.387 reclusos, lo cual representa un hacinamiento general del 58,27 por ciento.

Finalmente, el Defensor del Pueblo dispuso un equipo especial para acompañar a los familiares tanto de las 10 personas que perdieron la vida, como de los 38 internos que resultaron heridos, y para que se tomen los testimonios de los internos que sobrevivieron a esta tragedia humanitaria, a la vez que solicitó a las autoridades competentes avanzar en las investigaciones para establecer el origen exacto de los desórdenes que concluyeron con este lamentable saldo.