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Gobierno venezolano ordenó la captura del líder opositor Leopoldo López

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Una jueza de control ordenó la captura del dirigente opositor Leopoldo López después de que el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el canciller Elías Jaua lo responsabilizaran del violento desenlace de una protesta opositora ocurrida este miércoles en el centro de Caracas, que culminó con tres fallecidos.

El jefe de Estado venezolano asegura que está enfrentando un golpe de Estado en desarrollo y llamó a la solidaridad de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

López, coordinador nacional del partido político Voluntad Popular, forma parte de un ala de la oposición -en la que también están la diputadaMaría Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma- que ha decidido promover manifestaciones callejeras hasta que caiga el régimen venezolano. El miércoles en la noche, durante una rueda de prensa, el dirigente restó importancia a esa posibilidad y dijo que permanecería en el país para enfrentar las consecuencias de las acciones que ha convocado.

El diario El Universal, de la capital venezolana, obtuvo una copia de la orden de captura. Según ese documento a López se le imputan los delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo.

“Cuando tomemos las medidas que vamos a tomar seguramente nos acusarán de antidemocráticos”, reconoció el canciller Jaua en una entrevista con el canal Telesur, de capitales estatales venezolanos. La primera de esas medidas parece ser la inminente detención de López. La otra es impedir la transmisión de las señales de los canales internacionales, que saltaron el cerco informativo impuesto por las plantas locales para informar en directo lo que estaba ocurriendo. La señal de la cadena colombiana NTN 24 ha sido sacada de la parrilla de programación de las compañías de televisión por suscripción Directv y Movistar después de una orden verbal dada por el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo. La página web de esa planta también ha sido bloqueada.

La mañana transcurre en medio de una calma relativa. Piquetes y tanquetas de las Guardia Nacional venezolana custodiaban la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en la avenida Francisco de Miranda de Caracas y aquellas zonas de la ciudad donde suelen ocurrir manifestaciones. Usuarios de la red social Twitter reportaron la misma escena en la ciudad de Mérida, en los andes venezolanos, donde desde hace dos semanas los estudiantes protagonizan fuertes choques con la policía.

Hacia el mediodía, sin embargo, algunos estudiantes de una de las sedes de la Universidad Alejandro de Humboldt, localizada en la avenida Rómulo Gallegos, se lanzaron a la calle para protestar por la muerte de uno de sus estudiantes, Basil Da Costa, por un disparo en la cabeza. Igualmente otros jóvenes del Instituto Universitario de Mercadotecnia salieron a manifestarse frente a la sede de la institución en la avenida Casanova de Caracas.

En todos los puntos de la geografía nacional hay pequeñas manifestaciones de estudiantes y espontáneos. En Punto Fijo, estado Falcón, al Occidente, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y en Maracaibo, estado Zulia. Estos actos desafían la orden dada por el presidente Maduro. Desde La Victoria, en el estado Aragua, el gobernante anunció que no permitiría protestas que no estuvieran permisadas. “Quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso de movilizarse será detenido” El alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma ha asegurado que esa medida es una suspensión de facto de las garantías constitucionales.

Hasta el momento, además de los tres fallecidos, el Ministerio Público venezolano ha confirmado las heridas de 66 personas y 69 detenciones por actos vandálicos, que incluyen daños a 54 vehículos. La fiscal general Luisa Ortega Díaz prometió en su programa de radio: “Esto no va a quedar impune”. Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, aseveran que los detenidos son más de 200

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