Defensoría pide a Farc no revictimizar a danmificados del conflicto que tendrá cara a cara en Cuba
–Las víctimas que van a La Habana, se ven enfrentadas a revivir el dolor y el sufrimiento de su situación particular, advirtió hoy el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, quien de paso pidió a los cabecillas de las Farc no «revictimizarlas», ni estigmatizarlas y por el contrario, reconocerlas como «luchadoras de paz».
Otalora Gómez pidió a los actores armados verdad, justicia y reparación, así como garantías del Estado para asegurar la vida, integridad y bienestar de los damnificados por el conflicto.
Dijo igualmente que los actores armados, y particularmente quienes les infringieron tanto dolor, tienen la obligación de reconocer su responsabilidad y contribuir a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantizar la no repetición.
Los pronunciamientos los hizo el Defensor del Pueblo tras el viaje del primer grupo de representantes de las víctimas a La Habana y que tendrán «cara a cara» a sus victimarios en la mesa de diálogo del proceso de paz.
El Defensor del Pueblo hizo un reconocimiento a estas personas y por su intermedio a las víctimas de todos los sectores en el país.
«Las víctimas que van a La Habana, se ven enfrentadas a revivir el dolor y el sufrimiento de su situación particular», precisó.
Destacó que algunas de ellas hacen parte hoy de colectivos y organizaciones que buscan la realización de los derechos de personas, que como ellas, han padecido el rigor del conflicto.
«El país entero, la ciudadanía, sus compañeros y compañeras, así como la institucionalidad, deben rodearlas, protegerlas y brindarles la más amplia solidaridad», expresó Otálora Gómez.
«No pueden ser revictimizadas, no podrán ser estigmatizadas y por el contrario deben ser reconocidas como luchadoras por la paz», complementó.
El Defensor del Pueblo reiteró que la entidad a su cargo, brindará a estas personas y sus familias un acompañamiento decidido, tanto desde el nivel regional como nacional, a través del monitoreo del riesgo, la asistencia psico-jurídica, la atención de sus peticiones y el impulso a la gestión de las instituciones oficiales, a la vez que exhorta a que las entidades competentes del Gobierno, para que adopten en favor de ellas y de sus familias, todas las medidas necesarias a fin de garantizar su seguridad y bienestar.