Para la concejal Sandra Jaramillo, la iniciativa de la administración de Gustavo Petro, que busca transformar la empresa Transmilenio, tiene un trasfondo preocupante e inconveniente, puesto que abre la puerta para que la empresa de buses de Bogotá opere directa o indirectamente la prestación de servicio troncal, pasando por alto que el Inciso 6º del artículo 3º del Acuerdo 4 de 1999 prohíbe expresamente la prestación del servicio por parte de Transmilenio.

Al respecto, la concejal agrega: “Tenemos dos caminos, o volvemos al sistema obsoleto y fracasado de buses de los años 90, o mantenemos las típicas prácticas características de esta administración, es decir, que bajo la figura de “contratación directa” la empresa gestora de transporte contrata a la empresa de buses de Bogotá, y ésta a su vez, podría contratar directamente la prestación del servicio troncal, coartando la competencia, una mejora en el servicio y la disminución de las tarifas”.

Y advierte: “No quisiera yo tener que solicitar la vinculación de la “nueva empresa”, con investigación por conductas delictivas que atenten contra los principios de la contratación pública.
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El alcalde queda advertido entonces del riesgo de esa figura leguleya que tantos problemas le ha traído ya a su administración”.
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