En su visita a la capital antioqueña, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, aseguró que el caso de Ariel Josué Martínez, a quien las autoridades de Estados Unidos acaban de retirarle una solicitud de extradición, se trató de un error de las autoridades norteamericanas.

“Las autoridades colombianas hacen una verificación de requisitos de validez de orden de captura, pero no tiene la facultad de intervenir en la justicia norteamericana revisando los procesos de la justicia de ese país. Sería una intromisión indebida en la autonomía de la justicia de otro país y por supuesto de la soberanía estatal de ese país”, indicó Reyes Alvarado.

Y agregó: “Debe haber más casos en que la justicia EE.UU. se ha equivocado en la convocatoria a juicio de personas que quedaron mal identificadas o que no tenían en su contra un acervo probatorio fuerte. Esos errores son errores de la justicia norteamericana que dice haber recopilado todas las pruebas necesarias para mostrar que cometió delito, asegura tener plenamente identificada a la persona y nos pide a nosotros el favor de ponerlo a disposición. El error es exclusivo de las autoridades norteamericanas”, indicó.

El Ministro de Justicia expresó además que gracias a la solicitud hecha por las autoridades colombianas para que se revisara el caso, se pudo evitar que el señor Ariel Josué Martínez fuera enviado injustamente a Estados Unidos. “Gracias a la solicitud que se hizo desde Colombia para que un fiscal norteamericano revisara la decisión se puso al descubierto el error de las autoridades judiciales norteamericanas en la solicitud de esta extradición y se pudo evitar que esta persona fuera llevada a EE.UU.”, indicó.

“En casi todos los casos se aplica detención preventiva”

El jefe de la cartera de justicia hizo un llamado a las autoridades para que racionalicen el uso de la detención preventiva en Colombia, ya que de 11 mecanismos existentes para garantizar la comparecencia de un sindicado al proceso, los jueces y fiscales se están limitando a usar uno:

“Hay una proliferación de medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva. El Código de Procedimiento Penal estipula 11 medidas para garantizar la presencia de los procesados a juicio. Y los fiscales y jueces suelen usar uno. Esto, lleva a que las personas que son detenidas y después absueltas demandan al Estado. Y ahora tenemos demandas contra el Estado por 24 billones de pesos, una cifra muy superior a la que necesitaríamos para arreglar toda la infraestructura carcelaria del país”, dijo.

Al respecto el Ministro Reyes Alvarado explicó que el Sistema Penitenciario colombiano tiene capacidad para recibir a la totalidad de la población carcelaria condenada. Sin embargo, aclaró que es en las personas que están en condición de sindicadas donde se está registrando la sobrepoblación en los centros penitenciarios.

El Ministro les reiteró a los periodistas que el Gobierno trabaja en una reforma a la justicia que consistirá en la presentación de diferentes proyectos que impactan directamente en problemas puntuales de la administración de la justicia: “la suma de estos proyectos se pueden llamar una gran reforma a la justicia”, concluyó.