El Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvaro, afirmó en las últimas horas que el gobierno nacional no tiene previsto proponer una reforma a la acción de tutela, porque, en términos generales, «funciona muy bien», pero admitió que necesita una pequeña cirugía. Además dijo que la solución al fenómeno de la «tutelitis» que se presenta en el sector de la salud, «no es acabar» la tutela, sino mejorar el servicio de salud.

«La solución no es acabar lo que funciona, sino corregir lo que no funciona. La tutela es un estupendo indicador del mal funcionamiento de otros estamentos de la administración de justicia y de algunos otros ámbitos del Estado. Quien recurre a la tutela para que lo atiendan desde el punto de vista de la salud está enviando un mensaje de que hay problemas en el acceso a los servicios. Entonces, la solución no está en acabar con la tutela, sino en mejorar el acceso al servicio de salud», precisó Reyes Alvarado en reportaje al sitio web www.ambitojuridico.com.

El Ministro de Justicia señaló que «en principio, no hay una reforma prevista para la tutela, porque, en términos generales, funciona muy bien» y agregó:

«Hay, desde luego, algunas críticas muy puntuales a aspectos muy precisos de la tutela, que eventualmente se van a mirar y a corregir, pero la estructura general de la tutela no solo funciona muy bien, sino que estadísticamente hablando, 9 de cada 10 ciudadanos colombianos están muy satisfechos con la tutela. Por eso, la institución no necesita una gran cirugía».

En torno a que en el proyecto de equilibrio de poderes no se incluyeron temas como la acción de tutela o el presupuesto de la Rama Judicial, el ministro aclaró:

«Son dos tipos de reformas distintas. Esta es una reforma que tiene que ver con, como dice su nombre, el equilibrio de poderes, pero eso no significa que esa sea la reforma a la administración de justicia de la que hemos venido hablando».

Agregó que el Ministerio de Justicia está terminando de estructurar una serie de proyectos, alrededor de 20, que son los que van a estar orientados a ese propósito de acercar la justicia al ciudadano.

«Aspiramos a tenerlos totalmente estructurados en unas dos semanas y los vamos a hacer públicos para que la gente conozca cuál es el propósito del ministerio, cuáles son las finalidades que se buscan y cuál es el impacto esperado de estos ajustes en la administración de justicia. No hay que confundir las dos cosas, son dos tipos de proyectos completamente distintos», puntualizó.

«Dicho de otra manera, la reforma a la administración de justicia–reseñó– debe empezar por la base. Tenemos que garantizar que el ciudadano tenga una buena interacción con la administración de justicia. Si eso se hace, no solo habrá más confianza en ella, sino una mayor sensación de equidad y de convivencia armónica, factores indispensables para un país en paz», anotó.

Se le preguntó si el proyecto de equilibrio de poderes solucionará la segunda instancia para aforados y respondió:

«Es un propósito en el que creo estamos todos de acuerdo, no solamente en el proyecto que usted menciona, sino que además está previsto por parte de la Fiscalía y las cortes una mejora en la separación de temas de investigación y juzgamiento ante la Corte Suprema, así como en la primera y segunda instancia en el ámbito disciplinario, pues el Procurador General de la Nación está impulsando un proyecto de reforma al Código Disciplinario que abre la posibilidad de esa segunda instancia».

También habló sobre el sistema penal acusatorio, tras 10 años de funcionamiento y sostuvo que «hay muchas cosas puntuales que hay que mejorar».

«En eso -dijo- la propia Fiscalía General de la Nación es absolutamente consciente de los aspectos positivos y negativos del sistema y tiene bastante adelantado un proyecto de ley para corregir lo que no funciona bien.

De otro lado, consideró importante revivir la ley de pequeñas causas, pues sostuvo que «en su momento funcionó muy bien», aunque tuvo algunos problemas que están perfectamente identificados en cuanto a funcionamiento, y luego tuvo otros sobre estructura, que fueron puestos de presente por la Corte Constitucional al tumbarla.

«Yo creo que si se toma lo bueno de la ley, se corrigen los problemas puntuales que tuvo en operatividad y se hacen los ajustes que la Corte mencionó en la sentencia que la declaró inexequible, se puede tener una muy buena ley de pequeñas causas, que va a ser muy importante para facilitar la solución de conflictos de los ciudadanos», precisó.

Finalmente abordó el tema carcelario y penitenciario, e indicó que el problema del hacinamiento en las cárceles necesita combinar distintas soluciones.

«La primera, y más obvia–indicó–, es la construcción de cárceles y adecuación y mejoramiento de las que tenemos. Eso requiere recursos que estamos intentando conseguir. Pero esta no es la única solución. Es muy importante acabar con lo que se conoce como populismo punitivo, que es la tendencia general en la ciudadanía, los medios de comunicación y el Congreso de resolver cualquier conflicto social mediante la creación de un nuevo delito o el aumento de las penas».

Añadió que al respecto «hay que hacer un trabajo de pedagogía y racionalizar la intervención del Derecho Penal» y que en este sentido es muy importante el trabajo del Consejo Nacional de Política Criminal, que se ha venido reuniendo juiciosamente para analizar los proyectos de ley que tengan que ver con sistema penal.

«La idea–continuó diciendo–, no es excluir del todo la creación de delitos ni el aumento de penas, pero sí reducirlos a los casos en que sean necesarios. Esto ayudará a controlar el hacinamiento carcelario».

Dijo que un tercer punto es que se está abusando de la detención preventiva, que tiene como propósito garantizar que una persona va a comparecer a juicio, que no va a seguir delinquiendo mientras lo hace y que no va a manipular pruebas del proceso que se le está siguiendo.

Advirtió que «el Código de Procedimiento Penal contempla 11 posibilidades distintas de conseguir esa finalidad y nosotros usamos una, que es la detención preventiva y que «si en muchos casos las otras 10 opciones son viables para conseguir ese propósito, ¿por qué no recurrir a esas posibilidades en lugar de seguir insistiendo en una? Eso además tiene un impacto mucho mayor en el hacinamiento carcelario de lo que la gente piensa. Si mantuviéramos en prisión solamente a los condenados, los cupos penitenciarios que tiene el país no solo alcanzarían, sino que tendríamos cupos libres».