–El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez pidió hoy a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes para proteger la vida de los periodistas del Valle del Cauca que fueron amenazados por la banda criminal de «los urabeños», a tiempo que expresó preocupación porque han aumentado las amenazas contra los comunicadores en Colombia.

Otálora Gómez hizo el pronunciamiento tras conocerse un panfleto que supuestamente firman «los urabeños»’ en el que declaran como objetivo militar a 8 periodistas de Cali y Buenaventura.

El Defensor se mostró preocupado por la situación de los comunicadores en todo el país ya que apenas un mes atrás se registró el asesinato de otro periodista en el departamento de Córdoba.

La semana pasada se conocieron intimidaciones contra los comunicadores Edgar Astudillo y Leiderman Ortiz Berrío, en el marco de un listado de 23 personas, que incluía entre otros, a los congresistas Iván Cepeda y Claudia López, así como a la ex senadora Piedad Córdoba.

Entre enero y agosto de este año la Defensoría del Pueblo conoció 93 casos de periodistas amenazados (51 más que en el 2013). Lo más preocupante es que de ese total, 56 fueron clasificados con un nivel de riesgo extraordinario, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El accionar de los grupos armados ilegales conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas es uno de los factores que ha generado el aumento de este tipo de situaciones repudiables en contra de los periodistas, tal como ocurre con el panfleto contra los comunicadores de Cali y Buenaventura.

En ese documento figuran periodistas de El País, Q’Hubo, El Tiempo, el noticiero Más Pacífico, Caracol Radio y una emisora comunitaria de Buenaventura. Entre ellos se encuentran el popular periodista radial Álvaro Miguel Mina y el director del noticiero Más Pacífico, Gildardo Arango.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en que las medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales no garantizan la protección de la vida e integridad de los comunicadores, y que el plazo de 30 días hábiles que se toman para elaborar la evaluación del nivel de riesgo, en ocasiones resulta muy prolongado.

Cabe anotar que del total de casos registrados este año, el mayor número ha ocurrido en Bogotá, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia y Magdalena. Allí las amenazas suceden a través de llamadas telefónicas y mensajes escritos.