Se aplazó el debate de control político que busca garantizar los derechos de los grupos indígenas y grupos étnicos, cuando se ejecuten proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios.

Juan Fernando Cristo, ministro del interior, uno de los convocados por los senadores proponentes de la sesión, se refirió ante la imposibilidad de realizar el debate, manifestando que se hará cuando sea necesario.

«este es un debate de mucha importancia para el país, y las comunidades indígenas y étnicas, al igual que para los distintos sectores sociales y empresariales, por eso estamos aquí, lo realizaremos cuando lo consideren necesario».

El senador y proponente del debate Aníbal Avirama del partido Movimiento Indígena ,expresó de modo acentuado que siempre que se proponen temas de interés para los grupos étnicos, los altos funcionarios envían a terceros.

“Esto es muestra de la discriminación que hemos vividos en este país, siempre nos envían funcionarios de tercera categoría, el debate no se debe dar en estas condiciones, el gobierno debe dar solución a nuestros problemas, queremos dejar claro que los ministros que no asistieron tienen que ver directamente con la consulta previa. Dicen que los indios son la tranca del desarrollo, necesitamos que nos hablen con claridad, porque se están haciendo consultas a medias, necesitamos que estén las autoridades que deben responder, por lo tanto no haremos el debate», señaló el congresista indígena.

Entre tanto el congresista Luis Evelis Andrade dijo, «requerimos que las autoridades citadas deben compadecer al debate, la consulta previa es para hablar del desarrollo de los pueblos indígenas, solicito a los ministros que le den el nivel que este tema merece».

Por su parte el senador Jorge Robledo del Polo Democrático se unió a las voces de los citantes y anotó que las consultas se deben respetar así como están contempladas en la constitución, «el gobierno mira estos temas con desprecio, debe atender con respeto todos los debates programados».

En otro punto del orden del día, se archivó el proyecto que buscaba modificar el parágrafo segundo del artículo 298, de la Ley 906 de 2004, conocido como el Código de Procedimiento Penal, iniciativa del ex senador Juan Francisco Lozano Ramírez, se pretendía tener las herramientas para judicializar a aquellas personas que cometen cualquier delito en alta mar, u otros lugares que impliquen un traslado superior a tiempo determinado en ley.

La ponencia la hizo el senador José Obdulio Gaviria Vélez (Centro Democrático), quien expresó: «La Corte declaro exequible el proyecto y la reforma que se ha propuesto para que sea Ley de la Republica, es la ampliación para todo tipo de delito y no solo para el narcotráfico, solicitó que se apruebe en segundo debate».