–El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, celebró hoy que el gobierno nacional no haya aceptado las «exóticas» propuestas del Fiscal Eduardo Montealegre a propósito del proceso de paz con las Farc, en el sentido de que los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios no cumplieran pena de prisión, sino una simple sanción alternativa consistente en actividades de desminado.

Igualmente, el jefe del Ministerio Público, pidió al ejecutivo abrir un debate sobre el tema de la extradición, al advertir que «el Estado colombiano no puede desconocer la demanda de justicia que tienen víctimas de las Farc de otra nacionalidad» ni «tampoco negar la cooperación con los aparatos judiciales de otros estados cuando uno de sus nacionales ha sido objeto de un crimen cometido por miembros de esa organización, mucho menos si se trata de una grave violación a los Derechos Humanos, esto, sin entrar a examinar los compromisos existentes en materia de delitos transnacionales”.

Los pronunciamientos los consigna el Procurador Ordoñez en una carta que envió al Ministro de Justicia, Yesid Reyes, relacionada con el proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana, Cuba, y en la cual subraya que «en criterio del Ministerio Público aceptar que no existan penas de prisión efectiva ante los actos de ferocidad y barbarie, convertiría la búsqueda de la paz en un proceso de impunidad total y absoluta».

Insiste en que los sectores políticos, sociales y jurídicos del país busquen «una fórmula que resuelva satisfactoriamente la tensión existente entre justicia y paz, sin que ello signifique beneficiar a los máximos responsables de las atrocidades de las Farc con la decisión estatal de que no paguen un solo día de cárcel».

«La respuesta no puede partir de beneficiar a los máximos responsables de las atrocidades perpetradas por las Farc con la decisión de que no cumplan un solo día de cárcel o con la pretensión de que se les sustituya la pena privativa de la libertad por la obligación de contribuir al desminado, actividad que en todo caso obligatoriamente deberán cumplir para acceder a una pena alternativa y evitar la repetición», advierte el Procurador.

Recuerda que la Corte Constitucional en sentencia fijó los parámetros de interpretación del acto legislativo a los que deberán sujetarse estrictamente el Gobierno Nacional al momento de presentar los proyectos de ley estatutaria que desarrollen el Marco Jurídico para la Paz, al igual que el Congreso para su aprobación.

Reseña que «en la propuesta de debate nacional y previo a la oficialización de eventuales acuerdos en La Habana (Cuba), la Procuraduría General de la Nación toma como base la Sentencia C-579 de 2013 de la honorable Corte Constitucional, mediante la cual se realizó control de constitucionalidad al acto legislativo 01 de 2012. El Ministerio Público pretende que sectores políticos, sociales y jurídicos del país logren establecer una fórmula que resuelva satisfactoriamente la tensión existente entre justicia y paz, sin que ello signifique beneficiar a los máximos responsables de las atrocidades de las Farc con la decisión estatal de que no paguen un solo día de cárcel».

«Dicha sentencia –continúa diciendo–determina los límites de la competencia del legislador y establece que la persecución penal, esto es, la actuación del aparato punitivo del Estado en la esfera de la justicia penal, deberá hacerse contra todos los máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. De esto se desprende, además, que deberán ser objeto de condena a pena privativa de la libertad y que si bien pueden acceder a una pena alternativa que les posibilite cumplir menos tiempo de cárcel, la ejecución de la misma no puede ser suspendida de forma absoluta, en otras palabras, que deberán obligatoriamente cumplir tiempo en prisión».

Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad entre la gravedad del crimen cometido y la pena a imponer, garantizar a los máximos responsables
que no pagarán un solo día de cárcel abre la puerta a la justicia penal internacional y constituye una medida de impunidad que no puede ser admitida, menos cuando ha sido la propia jurisprudencia constitucional la que ordenó que todas las violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, deban ser objeto de persecución penal.

Añade que «la duración de la aplicación efectiva de la pena de prisión es un elemento esencial para cumplir los estándares internacionales. La Fiscal ante la Corte Penal Internacional, señora Fatou Bensouda, en carta a la Corte, en julio 2013, advirtió que «una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas». Situación que da lugar a que la Corte Penal Internacional adquiera competencia para conocer dichos crimenes conforme al Estatuto de Roma».

En la misiva, Ordoñez reitera la importancia de que el Gobierno Nacional anuncie su disposición a que se lleve a cabo un “debate previo” sobre las penas que se deberán imponer a quienes sean responsables de crímenes atroces contra el pueblo colombiano, en el caso de que se concrete un acuerdo de paz con el grupo guerrillero, terrorista y narcotraficante Farc».

Luego, Ordoñez celebra que el Gobierno Nacional, a través del encargado de la cartera de Justicia, realizara una “necesaria y oportuna aclaración” frente a no tener ningún tipo de compromiso con la propuesta del fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett, quien en días pasados planteó que los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios no cumplieran pena de prisión y al contrario estas se sustituyeran por una sanción alternativa consistente en actividades de desminado.

“Celebro que en nombre del Gobierno se haya hecho tan necesaria y oportuna aclaración. También, que el Ejecutivo sea consciente que tan exótica propuesta ‘puede incluso llegar a afectar la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional’”, puntualiza.

El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado también solicita al ministro de Justicia y del Derecho el promover los escenarios para discutir el tema de la extradición a propósito de un posible acuerdo de paz.

“Este debate es indispensable para que las medidas en materia de justicia transicional sean sostenibles en el plano interno y ante las jurisdicciones internacionales. Si se suscribe un acuerdo con las Farc es para cumplirlo, pero solo existe garantía de que se pueda cumplir si se respetan los estándares internacionales de justicia en materia penal, lucha contra la impunidad y derechos de las víctimas”, expresa el procurador general en su carta al Ministro de Justicia.

“El Estado colombiano no puede desconocer la demanda de justicia que tienen víctimas de las Farc de otra nacionalidad. Tampoco negar la cooperación con los aparatos judiciales de otros estados cuando uno de sus nacionales ha sido objeto de un crimen cometido por miembros de esa organización, mucho menos si se trata de una grave violación a los Derechos Humanos, esto, sin entrar a examinar los compromisos existentes en materia de delitos transnacionales”, concluye.