Hace nueve años nació el ‘Proyecto Inocencia’ un laboratorio de Derecho Penal impulsado por el rector de la Universidad Manuela Beltrán, Alfonso Beltrán Ballesteros, con el propósito de defender a quienes purgan injustamente una condena.
Proyecto Inocencia es un laboratorio de Derecho Penal al que ingresan estudiantes de último semestre de Derecho, Investigación Jurídica y Psicología. Quienes hacen parte de la iniciativa reciben capacitaciones que les sirven como guía a la hora de trabajar con presos e incluso los instruye en técnicas para leer su lenguaje corporal y lograr identificar si mienten o no.
El proyecto permite a los estudiantes reforzar los conocimientos adquiridos en derecho penal.
“La iniciativa es financiada 100% por la Universidad, nosotros no buscamos ningún beneficio propio, lo hacemos por compromiso”, expresa el exestudiante del claustro, Francisco León Rueda, abogado asesor de la organización desde el 2007.
La iniciativa se realiza en 10 países de América Latina, pero Colombia es el país con mejores resultados y con mayor tiempo de funcionalidad.
Uno de los principales problemas de las condenas a inocentes es por ausencia del sindicado o por obstrucción de la justicia a la hora de recolectar las pruebas, señalan los integrantes del proyecto conformado por profesores y 15 estudiantes todos con una gran particularidad: “pasión por el trabajo social”.
Desde hoy viernes y a hasta el 25 de octubre, a partir de las 8 de la mañana en el claustro de la Universidad Manuela Beltrán se realizará la III Conferencia Anual Panamericana Red Inocente.
El claustro abrirá sus puertas para que expertos de Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina y Chile compartan sus experiencias sobre los casos de personas que han pasado hasta 20 años en las cárceles por causas injustas.
En Colombia, según cifras oficiales de 2013, existen 120.623 personas pagando condenas en 138 cárceles de diferentes ciudades del territorio nacional.
En algunos casos no hay certeza de la culpabilidad de los presos, pero la falta de recursos y herramientas jurídicas impiden que se resuelvan las dudas existentes.
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