–«Si los terroristas no entregan las armas al momento de la firma de un eventual acuerdo definitivo, los diálogos de paz son absolutamente inconducentes y están condenados al fracaso», afirmó el expresidente Alvaro Uribe Vélez en un nuevo documento en el cual reformula sus pronunciamientos en torno a las respuestas «evasivas» que dio el gobierno colombiano a «las 68 capitulaciones de Santos» en las negociaciones con las Farc en La Habana.

Uribe Vélez advierte que «si el Gobierno acepta esta condición, estamos ad portas de una paz armada» y agrega que así los voceros gubernamentales adoptarán «la actitud del avestruz» frente a este tema.

Por parte, el expresidente hizo un llamado a los colombianos para que reflexionen sobre los acuerdos que se están negociando en La Habana, tras subrayar que el Gobierno «está negociando la agenda nacional con el narcoterrorismo, los autores de pescas milagrosas y carros bomba, que tanto daño han hecho a los colombianos».

“Yo les pido que reflexionen sobre esto, cómo así que la agenda nacional se está negociando con un grupo terrorista que estaba bastante diezmado y que tiene personas como estas: Henry Castellanos ‘Romaña’, condenado a 118 años de prisión por homicidio, secuestros, extorsión, entre otros delitos. Conocido como el creador de ‘las pescas milagrosas’. Este señor es hoy uno de los interlocutores del Gobierno, de un país democrático, para negociar la agenda nacional”, indicó Uribe Vélez.

«¡Ah! Es que el Centro Democrático no quiere la paz, es que Uribe es guerra, no señor. Nosotros hacemos unas reflexiones serias sobre estos acuerdos en los cuales el Gobierno va por el camino de entregar las libertades democráticas al grupo terrorista Farc”, puntualizó.

“¡Perdón! Nosotros queremos la paz, no la claudicación del Estado democrático al grupo terrorista Farc”, agregó.

De otro lado, Uribe Vélez condenó el hecho de que con los acuerdos de La Habana se pretenda expropiar 20 millones de hectáreas de tierras en el país sin detenerse a preguntar quién es el propietario, mientras que a las Farc no se les exige que devuelvan el millón de hectáreas que han usurpado al pueblo colombiano.

“Una cosa es que el Estado expropie una franja de tierra para darle paso a una obra pública y otra cosa es que entre a negociar la pretensión de las Farc, -que está en sus documentos- de expropiar 20 millones de hectáreas, sin detenerse sobre quién es el usurpador, quién es el narcotraficante, quién es el despojador, para establecer la diferencia con la gente honesta del campo”, declaró Uribe.

“Una cosa es la extinción de dominio para arrebatarle la tierra al narcotráfico, al terrorismo, a los despojadores; otra cosa es la extinción de dominio para permitir que de acuerdo con las Farc -como está en estos textos- se defina cuál es la tierra que está indebidamente explotada por un propietario legítimo, para proceder a confiscarla o a expropiarla”, precisó.

En el escrito presentado por el expresidente, «el Centro Democrático reitera su rechazo a negociar la agenda del país con un grupo terrorista que no tiene ninguna representatividad social ni legitimidad política» y renueva su «advertencia de que los diálogos de paz de La Habana podrían prolongarse indefinidamente».

Además advierte que «negociar con el terrorismo la agenda del país significa validar el uso de la violencia como forma de lograr resultados políticos, además de significar una injusticia con la democracia y los partidos políticos que respetan la legalidad y la convivencia pacífica».

Igualmente señala que «el grupo terrorista de las Farc insiste –sin que el Gobierno lo rechace-, en que además de los acuerdos provisionales ya publicados, existen al menos “28 temas nuevos pendientes por discutir”, y sin cuya aprobación no firmarían un acuerdo definitivo. Entre esos temas están la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, la disminución del presupuesto militar y del tamaño de nuestras Fuerzas Militares, la revisión de la política minero-energética, el reordenamiento territorial, etc., cuya sola discusión con el terrorismo sería inadmisible para el país».

En el documento entregado por el expresidente Uribe Vélez se reseñan «las respuestas a los comentarios que el Doctor Humberto De la Calle ha hecho a nuestro documento “Las 68 Capitulaciones de Santos en La Habana”, de la siguiente manera:

AD PORTAS DE UNA PAZ ARMADA

1. Si los terroristas no entregan las armas al momento de la firma de un eventual acuerdo definitivo, los diálogos de paz son absolutamente inconducentes y están condenados al fracaso. Sin embargo, ante el silencio del Gobierno, por enésima vez las FARC han reiterado que nunca se desmovilizarán ni entregarán las armas. En efecto, en su más reciente comunicación leída por alias ‘Pastor Alape’, ese grupo terrorista señala que los conceptos “desmovilización” y “entrega de armas” , “no existen ni en la gramática del acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla”.

Según ese grupo terrorista, después de “una larga tregua e implementación de los acuerdos”, “las FARC ya no usarán las armas para hacer política”. Pero nunca las entregarán. Si el Gobierno acepta esta condición, estamos ad portas de una paz armada, Así los voceros gubernamentales frente a este tema adopten la actitud del avestruz.

2. Evadiendo el debate de fondo y rebuscando argumentos, el doctor De la Calle afirma que el término “dejación de las armas” es “el término técnico que se ha usado para estos procesos en Colombia”, y cita la “dejación” de las armas que hizo el M-19. Error. Todos los colombianos recuerdan el acto protocolario en el que los militantes de ese grupo se despojaron de todas sus armas y estas fueron entregadas a una empresa de fundición para su destrucción. Ellos no mantuvieron las armas en su poder para dejar de usarlas. Nadie se lo habría aceptado.

Las FARC rechazan una “dejación de armas” tipo M-19. Lo han dicho hasta el cansancio y desde el comienzo. Para este grupo terrorista la “dejación de las armas” significa dejar de usarlas, pero manteniéndolas en su poder. Así lo ratificó, por ejemplo, alias Andrés Paris en septiembre de 2012 : “No asociamos la dejación de las armas con la rendición ni con entrega. La asociamos con dejar de usar las armas (…) La palabra, gramaticalmente, no significa entrega. Es dejar de usar”[1]. Y como anticipándose al argumento del doctor De La Calle, ese jefe terrorista critica con estas palabras al M-19: “La imagen en la que entren los guerrilleros por una puerta con uniformes y armas, y salgan por otra puerta en pantaloneta, no la vamos a protagonizar”.

3. De otra parte, las FARC han señalado que esa “dejación de las armas” la harán una vez el Estado haya cumplido con todos sus compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. En sus propios términos “pensamos que para implementar las propuestas de la población no se puede condicionar algo que es un deber del Estado a que se produzca la dejación de armas por parte de la insurgencia”[2]. Y, para que no haya dudas, añaden que para que las FARC inicien su vida política legal se requerirá de “un período de transición en el que la guerrilla, todavía en armas,entra en contacto directo con la población a fin de ambientar y generar los espacios sociales y políticos en los que se desarrollará su actividad legal en el futuro próximo”[3]. Es decir, la estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha” sigue vigente para las FARC y su reticencia a entregar las armas continúa intacta, pese a las aclaraciones del gobierno y sus voceros oficiales y oficiosos.

4. Aunque el gobierno no se haya enterado, para las FARC mantener en su poder las armas es una garantía del cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno. Así lo señala en una entrevista uno de sus voceros en La Habana, Jesús Santrich: “…si se llega a un momento en el que se iniciaría la “dejación de las armas” esto implicaría un largo proceso que va de la mano de la implementación paso a paso de los acuerdos, pues los acuerdos que no se cumplen es como si jamás hubiesen existido. Las FARC no caminan con promesas sino con hechos”[4]. Conclusión: Las FARC nunca entregarán las armas, y no harán “dejación” de ellas en el momento en que se firmen los acuerdos, sino muchos años después, cuando esos acuerdos se hayan implementado.

5. El Centro Democrático le pide al gobierno que desde ya le exija a las FARC, de manera clara e inequívoca, que entreguen sus armas en el momento en que se llegare a firmar un acuerdo de paz definitivo. De lo contrario, firmar la paz en las condiciones de las FARC, daría inicio de una paz armada que el país y el Centro Democrático rechazarían.

INCERTIDUMBRE EN EL CAMPO

6. Las normas sobre extinción de dominio y expropiación existen efectivamente desde hace muchos años en la legislación colombiana. Lo que criticamos no son esas normas, que consideramos adecuadas y por supuesto las acatamos; no estamos por su abolición ni por su derogación. Lo que criticamos es que esas normas se quieran aplicar para conformar un Fondo de Tierras que vaya a ser constituido y manejado de común acuerdo entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC, “desconcentrando y promoviendo la distribución equitativa de la tierra” entre “trabajadores con vocación agraria”, “asociaciones de trabajadores con vocación agraria”, y “personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento”.

7. Aunque los voceros del gobierno señalan que con respecto al tema de tierras “ningún propietario legítimo tiene nada que temer”, ellos mismos afirman que la extinción administrativa de dominio se hará “para tierras inexplotadas”, sin excluir las que tengan propietarios legítimos. Como el documento de acuerdo establece que “la Reforma Rural Integral será de aplicación universal”, es decir, se realizará en todo el territorio nacional, sin descartar ninguna porción del mismo, pues en cualquier parte un propietario legítimo de tierras podría ser víctima de una extinción administrativo si quienes manejan al Fondo de Tierras consideran que sus predios está inexplotados.

8. La llamada “distribución equitativa de la tierra” es un concepto anacrónico y demagógico que va en contravía del desarrollo de la agricultura moderna en todas las latitudes, la cual requiere la producción en grandes extensiones de tierra para lograr economías de escala y niveles suficientes de productividad. Por tanto, por sí misma, “la distribución equitativa de la tierra” no puede ser a estas alturas un objetivo de ningún estado moderno. Lograr tan anacrónico cometido excluiría a cualquier país de la competencia global , arruinaría su producción nacional de alimentos y materias primas de origen agropecuario, lo sometería a una absoluta dependencia alimentaria, a no ser que se enclaustre y se aísle de las corrientes de la economía mundial.

La producción campesina, o de pequeña escala, tiene un lugar insustituible en la agricultura moderna y se debe apoyar y defender, pero no se puede endiosar al punto de querer convertirla en el modo prevalente de la producción agrícola, por medio de una demagógica “distribución equitativa de la tierra”.

Por supuesto que hay que facilitar el acceso de la tierra a los campesinos mediante la adjudicación de baldíos y la extinción de dominio de tierras de narcotraficantes y otras bandas criminales, pero sin poner en riesgo la seguridad jurídica de los empresarios del campo.

9. Insistimos en que el término “trabajadores con vocación agraria” es demasiado amplio y vago , que incluye a campesinos y a quienes no lo son , haciendo absolutamente indeterminada a la población objetivo de este Fondo de Tierras que, según las FARC, debe estar conformado por veinte millones de hectáreas, aún cuando en el acuerdo parcial divulgado no se establezca una magnitud a dicho Fondo.

10. No obstante, según las FARC para resolver el tema de la tierra se necesitaría que, “de las cerca de 40 millones de hectáreas que se han dedicado a la ganadería (…) se destine al menos 20 millones de hectáreas para incluir en el Fondo de Tierras que se requeriría al momento de la reforma agraria” [5]. Como lo hemos afirmado, esta es la meta de las FARC que el Gobierno aún no ha desechado. Pero el mismo Gobierno no le exige a las FARC la devolución del millón de hectáreas que les han usurpado a los campesinos.

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA: ESTRATEGIA DE LAS FARC

11. Por supuesto que sabemos que las Zonas de Reserva Campesina tienen existencia legal. Lo que el gobierno no puede ignorar es que las FARC las está aprovechando como estrategia de dominio territorial y sobre la población. En mensaje a alias Timochenko el 19 de marzo de 2005, el jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda , alias Tirofijo, le ordenaba que “conviene ver qué condiciones tienen los Bloques para que preparen las Zonas de Reserva Campesina en el país y si ello es posible en las fronteras de Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá”. Y más adelante añade que “conviene hacer un breve repaso de nuestra política de fronteras y tratar de convertirlas en lo posible en Zonas de Reserva Campesina con la ayuda de las masas, con el fin de buscar contactos y posibilidades de conseguir material bélico y otros elementos y tantear si nos estamos estabilizando en nuestras relaciones políticas, tal como lo señala el Plan Estratégico”. Y remata advirtiendo que “ Si este documento llega a caer en manos del Ejército revela cuál es nuestra estrategia frente a la política de masas y fronteras”.

Como este hay muchos documentos de las FARC que señalan que las Zonas de Reserva Campesina hacen parte de su estrategia de expansión y control territorial. El gobierno debería estar advertido de este hecho y de los propósitos de instrumentación de esas Zonas por parte de las FARC; pero el gobierno cede ante este hecho y acepta el discurso de las FARC, según el cual esas Zonas son iniciativas inofensivas que se harán “en concertación con las comunidades”. Entiéndase bien que cuando las FARC hablan de “comunidades” están hablando de organizaciones penetradas, manipuladas y atemorizadas por su violencia terrorista.

Las FARC utilizarían esas Zonas como áreas de repliegue estratégico y de seguridad durante el período de paz armada , después de la firma de un eventual acuerdo de paz y durante el indeterminado período de dejación, que no estrega, de armas.

CONCESIONES AL NARCOTERRORISMO DE LAS FARC

12. Insistimos en que en los acuerdos no hay un reconocimiento explícito de que las FARC son un cartel del narcotráfico. Solamente existe un reconocimiento de que el narcotráfico ha “atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. Y en otros apartes sí se dice explícitamente que es necesario esclarecer “la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico”, pero en ninguna parte se advierte la necesidad de revelar las conexiones entre las FARC y el narcotráfico.

13. Peor aún. En el acuerdo se señala, de manera condicional y no taxativa, que las relaciones que las FARC “hubiesen” tenido con el narcotráfico fueron “en función de la rebelión”. Esto abre la puerta a que el narcotráfico se considere un delito conexo al delito político de la rebelión y, por tanto, pueda ser objeto de indulto o de amnistía y, además, blindaría a los miembros de las FARC frente a la extradición.

14. El gobierno se compromete a que en adelante la erradicación de los cultivos ilícitos será fundamentalmente a través de erradicación manual, voluntaria, gradual y concertada. Abunda en detalles sobre cómo se ejecutará esa nueva política. Mientras tanto a las FARC no se les obliga de manera expresa a entregar sus cultivos ilícitos, sus laboratorios, sus rutas de narcotráfico, sus bienes derivados de esta actividad criminal. El acuerdo se queda en una vaga expresión de que las partes se comprometen a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”. Ante semejantes vaguedades, no habrá manera de exigirle a las FARC el cumplimiento de compromisos concretos como hubiera sido deseable.

15. El doctor De La Calle elude hábilmente mencionar que en el punto 4.1.3.4 del acuerdo sobre narcotráfico, el gobierno se compromete a “renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal” contra los cocaleros. Esta legalización de hecho de los cultivos de coca tendrá como consecuencia su expansión.

16. La ausencia de una exigencia taxativa a las FARC para que entreguen sus bienes derivados del narcotráfico, crea las condiciones para que ese grupo terrorista realice la más grande operación de lavado de activos que se haya hecho en el país. Las FARC se quedarán con esos bienes que deberían entregar para reparar a las decenas de miles de víctimas que ha producido su accionar criminal.

NEGACIÓN DE LA DEMOCRACIA

17. Dice el acuerdo: “La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia (…) a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios de participación”. Aquí hay una concesión inaceptable del discurso de las FARC según el cual en Colombia no hay una democracia real, ni garantías para la participación política, ni espacios para la oposición, ni pluralismo. Según el acuerdo parcial, en Colombia no imperará la democracia hasta tanto no se cumpla el Acuerdo de Paz.

REFORMA ELECTORAL CON LAS FARC

18. En su reforma de equilibrio de poderes el gobierno Santos no se comprometió con una reforma electoral de fondo, tal vez a la espera de que se firme el acuerdo de paz en La Habana. En efecto, en el punto 2.3.4 se dice que “…tras la firma del Acuerdo de Paz, se creará una misión electoral especial” conformada “según el mecanismo que acuerden las Partes”, la cual presentará unas recomendaciones, y “sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios”. De hecho, el país vive, en este tema y en otros temas, una especie de limbo legislativo, a la espera de los resultados de La Habana. Una pérdida de tiempo inaceptable para el país.

ESTATUTO DE LA OPOSICION SOLO CON LA PAZ

19. En el punto 2.1.1.1. se dice que “tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición”. Cualquier colombiano se pregunta ¿Por qué hay que esperar a firmar un acuerdo con los terroristas para poder acordar un estatuto de la oposición? ¿Por qué no se hace ya con los partidos democráticos que no apelan a la violencia armada? Otra vez el limbo legislativo como concesión al terrorismo.

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA LAS FARC

20. Sin ningún rubor señala De la Calle que “las circunscripciones transitorias de paz no son para darle cupos a las FARC. Son para las comunidades”. Al igual que lo hacen las FARC, el vocero gubernamental utiliza engañosamente el nombre de las comunidades para esconder lo que son concesiones a los terroristas. A nadie engañan con este ardid. Por supuesto que esas circunscripciones se crearán en zonas de influencia de las FARC, y a éstas se les dará el monopolio exclusivo de la representación electoral de esos territorios.

21. En efecto, aún cuando el doctor De la Calle lo elude, en el numeral 2.3.6 del acuerdo se establece que “los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos para estas Circunscripciones”. Así queda establecida una segregación de la representación territorial exclusiva para los terroristas de las FARC. No sabemos cuántas serán esas Circunscripciones, ni dónde estarán ubicadas, ni durante cuánto tiempo, ni cuántos serán los Representantes a la Cámaras elegidos por ellas. Pero, aún cuando el vocero del gobierno lo oculte, todos serán de las FARC.

DESMINADO GUBERNAMENTAL

22. Las FARC han dicho que “nosotros no hablamos de negociación porque como lo hemos repetido en diversos escenarios y momentos, nada tenemos que dar más allá de nuestros esfuerzos por conquistar la justicia social” [6]. O sea, el gobierno es el que adquiere compromisos, las FARC no. Esto pasa con el desminado. Las FARC no reconoce su responsabilidad exclusiva en el problema, pues hace muchos años que las Fuerzas Militares dejaron de utilizar esas minas. Sin embargo, es el gobierno el que asume la responsabilidad en el financiamiento y ejecución del desminado. Según el acuerdo las FARC y el gobierno contribuirán “por diferentes medios, y en lo que corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información”. Todo vaguedad, nada concreto. A duras penas suministrarán alguna información para que el gobierno haga el desminado.

CONSULTAS PREVIAS CON LAS FARC

23. En los textos de los acuerdos se han contabilizado cerca de once instancias en los distintos niveles territoriales (redes de veedurías ciudadanas; observatorios de transparencia; Consejos para la Reconciliación y la Convivencia; Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política ; Consejos Territoriales de Planeación, de Concertación y Diálogo Social entre el Gobierno y las Comunidades; Consejos Departamentales y Municipales de Alimentación y Nutrición, etc,), que conllevarán un enjambre de consultas que harán aún más paquidérmica la administración pública, instancias en las cuáles los grupos terroristas verán garantizada su influencia por medio de organizaciones “comunitarias” bajo su control e influencia, con la amenaza permanente de denunciar de incumplimiento de los acuerdos si no se cumplen sus propósitos.