La procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Fanny Gonzalez Velasco, dirigió un oficio a la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), María Del Pilar Bahamón Falla, en el que consigna observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la licitación para suminitrar comida a los presos del país.

Esta comunicación, realizada dentro de las funciones preventivas y de control de gestión consagradas en el artículo 277 de la Constitución y el artículo 24 del decreto 262 de 2000, contiene, entre otras, las siguientes observaciones:

1. Relativo a las obligaciones del contratista: Indica el Ministerio Público que le preocupa no ver reflejado en el análisis del valor de la oferta el costo de las obras asociadas a la adecuación que requieran los centros de producción de alimentos ubicados al interior de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –ERON- y Centros de Reclusión Militar –CRM-. Considera la Procuraduría que es necesario realizar un análisis de costos aproximados para cada una de las instalaciones o grupos a intervenir.

2. Relativo a los Índices Financieros: La Procuraduría Delegada considera que a diferencia del proceso adelantado en 2013, en esta oportunidad se incluyeron cláusulas que podrían limitar la libre concurrencia de oferentes, por lo que solicita al USPEC justificar los motivos financieros reales y verificables que los llevó al mencionado cambio.

3. Se sugirió al USPEC establecer dentro del cronograma una segunda visita técnica a los establecimientos de reclusión, ya que al estar los grupos compuestos por varios centros un solo día dificultaría tal actividad.

El oficio concluye con la solicitud para que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios informe a la Procuraduría “sobre las determinaciones adoptadas respecto a las recomendaciones y observaciones puestas a consideración”.