–El Fiscal Eduardo Montealegre y el Procurador Alejandro Ordoñez protagonizaron un nuevo round en torno al proceso de paz y la solución jurídica que se pretende darle a los cabecillas de las Farc. Además, en el “cuadrilátero”—que tuvo como escenario un foro en La Universidad del Rosario–, estuvo ahora, el líder gubernamental de las conversaciones en La Habana el exministro Humberto de la Calle, quien agitó la discusión al señalar que es necesario modificar el alcance del delito político y conexos, para facilitar la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en Colombia.

Procurador Ordoñez: “Preocupa que el Gobierno proponga rediscutir el alcance del delito político. ¿Se propone ahora rediscutir sentencias de la Corte Constitucional? Podría pensarse que lo que quieren hacer es sacar de ‘taquito’ la sentencia de la Corte”.

Ordoñez añadió: La Corte reglamentó que no puede haber conexidad del delito político respecto de los crímenes de lesa humanidad”.

Fiscal Montealegre: “Considero que los delitos conexos con los políticos, con los de lesa humanidad y específicamente con el narcotráfico, como conexo con delitos cometidos por la insurgencia durante el conflicto, son delitos que pueden entrar en la justicia transicional”, d

Además, Montealegre precisó: “Cuando se trata del marco para la insurgencia, para las Farc o el Eln, debe haber un concepto más universal en el sentido de que todos esos delitos comunes, como el narcotráfico, que sirvieron de instrumento para la realización de la comisión de delitos durante el conflicto armado, deben entrar en el marco de la justicia transicional, y frente a ellos, si hay proceso de paz, no debería operar la extradición”.

En referencia directa al procurador, su contradictor, el fiscal afirmó: “Se ha vuelto costumbre en el país estigmatizar a todos los que defendemos el proceso de paz. A las mentes progresistas, a las mentes que pensamos en una salida negociada del conflicto, a los que no hacemos la apología de la guerra”.

Y agregó: “Este es el mundo al revés. Es una propuesta estigmatizadora para todos los defensores de derechos humanos, para todos aquellos que creemos en una solución negociada al conflicto”.

“Creo que debemos salir a cuestionar duramente las propuestas de los apologistas de la guerra y los que quieren, por intereses políticos, no darle una solución negociada al conflicto armado para que continuemos 50 años más de guerra en Colombia”, puntualizó Montealegre.

Procurador Ordoñez: “Las FARC han sido reiterativas en negar su vinculación con el narcotráfico y su responsabilidad en la perpetración de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, al tiempo que siguen ejecutando actos terroristas, secuestros, asesinatos y reclutamiento de niños. Mientras desconocen su carácter victimario, siguen llenando de víctimas el suelo de Colombia”.

El jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle Lombana reiteró que si se firma la paz no se contempla aplicar una ‘amnistía incondicional’ a la guerrilla.

Según el exministro “con base en la realidad del Derecho Penal Internacional, no hay espacio para amnistías incondicionales», aunque quedará en manos del marco de justicia transicional determinar si habrá condenas especiales.

En este sentido, le pidió a la Corte Penal Internacional más flexibilidad argumentando que este proceso de paz no se parece a ningún otro en la historia, por lo cual no podrían aplicarse los mismos estándares que otros procesos que buscan terminar el conflicto.

“Justicia transicional no es simplemente tragarse un sapo, como se suele decir (…) es en el terreno de las penas alternativas donde creemos que puede estar la solución», comentó el jefe negociador.

Por otra parte, consideró que para que haya una paz estable y duradera todos los actores del conflicto deben reconocer su responsabilidad con las víctimas, pero esto no debe ser una excusa para evadir culpabilidades.

“Las Farc no tienen que convencer a los negociadores del Gobierno, tienen que convencer a la sociedad colombiana (…) no pueden escudar su responsabilidad en las responsabilidades ajenas, el vagón de las Farc se tiene que mover un poco más”, expresó De la Calle Lombana, quien reafirmó que el Estado colombiano también asumirá las suyas.

Por otra parte, De la Calle Lombana estableció que al gobierno le preocupa la eventual refrendación de los acuerdos a los que se llegue con la guerrilla de las Farc en la mesa de negociación.

«Hay que buscar distintas opciones y herramientas sea un referendo, plebiscito, consulta popular, pero también tenemos que tener la mente abierta a ser mas creativos para que el que se elija sea un instrumento que satisfaga la demanda de la sociedad. No queremos lograr una paz express», puntualizó De la Calle.

EL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador General Alejandro Ordoñez reiteró sus posturas frente a los mínimos que garantizarían una paz sostenible y pidió “aprender de las experiencias del pasado» en caso de firmarse un acuerdo con este grupo terrorista y narcotraficante.

“Señor ‘Timochenko’: ¿Para qué firmar un papel que la realidad política o una decisión judicial con el paso del tiempo termine anulando? (…) Señor ‘Iván Márquez’: Insistir en la idea de que la paz se puede hacer a cualquier precio, con impunidad total, sin reconocer la responsabilidad de las FARC en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, es garantía de que lo que se acuerde no se cumpla”, dijo el procurador general a los cabecillas del grupo insurgente.

El jefe del órgano de control analizó nuevamente las sentencias de la Corte Constitucional frente a la imposibilidad de que crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio sean considerados conexos a los delitos políticos, advirtiendo los riesgos de recientes y “preocupantes” propuestas del Gobierno Nacional.

“Preocupa que el Gobierno proponga rediscutir el alcance del delito político. ¿Se propone ahora rediscutir sentencias de la Corte Constitucional?”, manifestó.

“Podría pensarse que lo que quieren hacer es sacar de taquito la sentencia de la Corte”, puntualizó ante la propuesta hecha minutos antes por el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, en el mismo escenario académico.

Reiterando la necesidad de que desaparezca del lenguaje oficial y social el concepto de “enemigos de la paz”, erróneamente atribuido a quienes manifiestan críticas constructivas al proceso, el procurador general de la Nación insistió en que penas privativas de la libertad, la verdad, y una reparación oportuna y eficaz a las víctimas de las FARC son las bases para que los colombianos tengamos una paz real y duradera.

«Como epílogo del viaje a Europa debieron pasar por La Habana y exigir a las FARC que reparen a las víctimas (…) Deben entregar la extraordinaria riqueza acumulada, y que tiene como origen el delito, para contribuir al resarcimiento de las víctimas”.

El procurador Ordóñez hizo un llamado a la convergencia nacional a través de un ‘Pacto por la Paz’, en el que críticos y partidarios del proceso puedan generar
espacios de diálogo y garantizar que desde el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional, la política gubernamental de paz se convierta en una política de Estado.

“No se trata de convertir esos mínimos en un obstáculo. Es todo lo contrario. Es convertir la observación rigurosa de ese ordenamiento jurídico en la garantía para
las FARC de que el acuerdo se cumplirá y en la base para que la sociedad lo respalde”.

EL FISCAL EN EXTENSO

En su intervención, el Fiscal Eduardo Montealegre afirmó que en Colombia debe aplicarse la justicia transicional a las guerrillas que están negociando con el Gobierno, a los miembros de la Fuerza Pública que se hayan visto inmersos en delitos e incluso a quienes han financiado el paramilitarismo en Colombia.

Montealegre explicó que el modelo de justicia transicional debe basarse en varios aspectos. Los delitos de sistema, la doble imputación que nos lleva a la cosa juzgada universal, la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder y el contexto en que se sucedieron los hechos.

Al efecto, hizo las siguientes precisiones:

Se habla de delitos de sistema cuando se aplica el paradigma alemán del hecho total, en el cual las grandes violaciones a los derechos humanos se consideran como un todo en el cual cada uno de los hechos individuales hace parte de esa gran maquinaria, de ese enorme sistema. Para entender y aplicar este criterio, explicó Montealegre, hay que superar las barreras de las categorías tradicionales del derecho penal, pues no son aplicables, desde esta perspectiva, a las graves violaciones a los derechos humanos.

En cuanto a la cosa juzgada universal, se dice que en procesos de paz en los que están involucradas violaciones a los derechos humanos no se puede actuar indefinidamente en el tiempo porque “puede transformarse en una historia sin fin. Debe haber un cierre definitivo con cosa juzgada universal para todos los actores armados del conflicto; pero no se trata de una ley de punto final”.

Esto implica que una vez realizadas las investigaciones y cumplidas las sentencias impuestas debe haber un cierre definitivo para todos los actores. Debe cobijar a todos los hechos y todos los actores del conflicto y un cierre definitivo del conflicto.

Para esto, la doble imputación, como consecuencia de hablar de delitos de sistema, implica que primero se le imputa al grupo la realización de las violaciones a los derechos humanos y posteriormente se realiza la imputación individual, garantizando que todos los hechos sean sometidos al proceso.

Con este mecanismo logramos que sean sometidos los máximos responsables como consecuencia de la aplicación de la tesis de la autoría mediata en virtud de los aparatos organizados de poder. Así, se selecciona a los combatientes rasos que no sean líderes ni hayan cometido atentados contra el núcleo duro de los derechos humanos. Estos tres elementos nos permiten desarrollar los acuerdos de paz siempre teniendo en cuenta el contexto político y económico en que se desarrolló el conflicto.

En este contexto, señaló el Fiscal Montealegre, se plantea una justicia transicional dirigida a los insurgentes con base en tres pilares. La tesis de los máximos responsables, el criterio de selectividad y la renuncia al ejercicio de la acción penal condicionada para los combatientes.

El concepto de los máximos responsables nos lleva la busqueda de enjuiciar a quienes plantearon como políticas de guerra las violaciones a los derechos humanos, es decir, quienes tienen una alta jerarquía en la organización. La selectividad nos explica que para ser eficaces y alcanzar los objetivos de la justicia transicional la investigación penal debe concentrarse en el núcleo duro de los derechos humanos, específicamente en los delitos de competencia de la corte penal internacional.

Por último, sostuvo, quiénes no están en la categoría de máximos responsables o no han violado el núcleo duro de protección a los derechos humanos, es decir los comabtientes de las Farc y el Eln, puede darse una renuncia condicionada al ejercicio de la acción penal. Así se lograría un equilibrio entre justicia y paz.

La Fuerza Pública y la justicia transicional

En el Marco Constitucional para la Paz, precisó Montelegre, se estableció claramente que los miembros de la Fuerza Pública pueden entrar en la justicia transicional. En eta posición, independiente, individual y personal como fiscal y académico, el funcionario explicó que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser cobijados en la justicia transicional como los guerrilleros sino con elementos propios.

“Los militares pueden entrar en justicia transicional aunque hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dice el Fiscal. Estos hechos siempre deben estar relacionados con el conflicto, independientemente de que ocurran durante el conflicto. Como el caso de los llamados periodísticamente falsos positivos, que no se considera que hayan sucedido con ocasión del conflicto.

“Ya hay una tradición para entender cuándo un hecho tiene o no relación con el conflicto”.

El segundo elemento es que no puede haber igualdad matemática entre el modelo de la insurgencia y el de la Fuerza Pública porque, dice la Corte Constitucional, estos últimos tienen obligaciones y deberes superiores a los de los particulares. Para Montealegre, una manera de diferenciar esto podría esta en tratamientos penitenciarios especiales, modelos de prisión abierta, arrestos domiciliarios, arrestos de fin de semana, entre otros.

El otro elemento importante es que no se pueden considerar a los miembros de la Fuerza Pública como integrantes de un aparato organizado de poder, por lo que deben hacerse investigaciones de carácter individuales. Además, es muy difícil hacer unj tralado de la tesis de máximos responsables.

No se puede entender que esa actividad individual forme parte de un engranaje al margen de la ley, explicó el Fiscal.

Por último, las estructuras de imputación deben estar imbuídas en los términos del derecho internacional humanitario porque se trata de un conflicto armado interno en el que los miembros de la Fuerza Pública son actores legítimos del mismo.

Por último, el Fiscal dijo que luego de los procesos de justicia transicional que permitieron la desmovilización de paramilitares, hay que hacer ingresar en la justicia transicional a los que financiaron a estos grupos.

Empresarios y ganaderos deben estar en ese sistema para que puedan asumir sus responsabilidades e incluso obviando altas penas. Su responsabilidad, que es una posibilidad dada por la Constitución, debido a que no debemos judicializar todo el conflicto colombiano, está en que asuman la verdad y la reparación.

Estos mecanismos extrajudiciales serían aplicados a los financiadores de los grupos paramilitares que asumieron esta función en las regiones.