A través de una carta enviada este lunes al presidente de la República, el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado, respaldó el rechazo del jefe de Estado a las exigencias de las FARC de detener las operaciones militares y de Policía en su contra escudándose en un “cese bilateral de hostilidades”.

Además, solicitó al mandatario de los colombianos evitar que un “desescalamiento del conflicto” con este grupo ilegal termine siendo un “cese bilateral disfrazado”.

“El único ‘desescalamiento’ admisible debería ser el cese unilateral por parte de las FARC o, en su defecto, que el grupo respete estrictamente el Derecho Internacional Humanitario y no siga perpetrando crímenes de lesa humanidad y de guerra. La Fuerza Pública debe continuar con todo su vigor combatiendo al grupo terrorista y con toda la solidaridad y el apoyo decidido de los colombianos”, puntualizó el jefe del órgano de control.

En la carta advierte al Gobierno que: “Se debe ser muy cuidadoso para que las medidas que se puedan acordar en esa materia (‘desescalamiento’) no restrinjan el empleo de la plena capacidad de las Fuerzas Militares y de Policía en la persecución y desarticulación de ese grupo. El momento exige la mayor firmeza en el marco del Estado de derecho, no el apaciguamiento que engendra periodos de más brutalidad y violencia”.

En su comunicación, el procurador general hace un llamado para que “todos los sectores políticos y sociales del país», incluyendo a “acérrimos defensores” y “los más duros críticos” del proceso de paz, confluyan en apoyo al Gobierno Nacional en su decisión de no aceptar un “cese bilateral de hostilidades” con la organización terrorista en esta etapa del proceso.

“La negativa del Gobierno al ‘cese bilateral’, como medida para sacar adelante el proceso de paz, debería ser objeto del respaldo de todos”.

El jefe del Ministerio Público analizó que esta figura, en las actuales circunstancias, “en vez de acelerar el fin del conflicto armado es un estímulo para su prolongación, lo que agudizaría la violencia, el terrorismo y el narcotráfico”, recordando un antecedentes histórico protagonizado por el mismo grupo insurgente.

“Esa experiencia, como usted lo recordó, ya la vivió Colombia. Los Acuerdos de La Uribe del 28 de marzo de 1984 dieron pie, dos meses después, a lo que se denominó en esa época una ‘tregua’ o ‘cese del fuego’. Las FARC utilizaron la ‘tregua’ con el único propósito de crear un aparato armado de alcance nacional, multiplicar su capacidad bélica y ejecutar el plan estratégico político-militar adoptado en su Séptima Conferencia de 1982. El resultado fue nefasto. Aprovechando la ‘tregua’, el grupo desdobló sus frentes y con ello duplicó su presencia territorial, se dedicó a crear escuelas especializadas en destrezas requeridas para construir un ‘ejército’, aumentaron el reclutamiento de niños y multiplicaron sus integrantes de 1.300 en 1982 a 8.200 guerrilleros en 1990, un crecimiento de más del 530%”.

El procurador general de la Nación recomendó que en lugar de insistir con esa fórmula inviable, la guerrilla de las FARC decida un cese al fuego unilateral, reconozca su condición victimaria y sin distinciones entregue a todos los secuestrados.

“Lo que rompería la desconfianza ciudadana y generaría apoyo al proceso de paz. Es una decisión que contaría con el reconocimiento nacional e internacional”.