A espera de la notificación por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado, se encuentra el Distrito Capital para dar continuidad con el fallo emitido por la corporación el cual ordena indemnizar a los damnificados con el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana en septiembre de 1997.

La sala plena del Consejo de Estado aprobó el incidente de impacto fiscal que presentó la Procuraduría, en contra del fallo que condenó al Distrito Capital a pagar más de 227 mil millones de pesos por el desastre ambiental que ocasionó el derrumbe en el relleno sanitario ‘Doña Juana’ en septiembre de 1997.

Ricardo Bonilla González, secretario de Hacienda, precisó que se tiene prevista una parte de los recursos en el presupuesto de este año, para atender la decisión del Consejo de Estado y que hasta la fecha están pendientes de ser transferidos a la espera de la decisión que se conoció ayer.
Hasta ahora se sabe que el Consejo de Estado aceptó la solicitud del Distrito de no ordenar cancelar la indemnización en un solo pago sino en dos cuotas.

Según el fallo, a quienes se encontraban dentro de los 1.5 kilómetros de área de donde ocurrió el derrumbe, le corresponden seis salarios mínimos mensuales, es decir, 3.696.000 pesos.

las personas afectadas, dentro del área comprendida entre 1.5 kilómetros y 3 kilómetros de donde ocurrió el derrumbe, le corresponden cuatro salarios mínimos mensuales, es decir, 2.464.000 pesos.

A quienes se encontraban dentro del área comprendida entre 3 kilómetros y 5 kilómetros de donde ocurrió el derrumbe, le corresponden dos salarios mínimos mensuales, es decir, 1.232.000 pesos.

El deslizamiento de un millón doscientas mil toneladas de basura cubrió dos colinas, 15 hectáreas de terreno y contaminó el río Tunjuelo, ocasionando afectaciones respiratorias, infecciones en la piel, alergias, diarrea y vómito a los habitantes de las zonas aledañas.

El Secretario de Hacienda finalmente aclaró que el Distrito debe girar los recursos al Fondo para la defensa de los derechos colectivos administrado por la Defensoría del Pueblo y que están dirigidos a las 1.472 personas, hasta ahora reconocidas como damnificados, y en espera a que la Defensoría proceda a reconocer a las otras 68.500 personas que se presumen también fueron víctimas del derrumbe.