–La comisión de seguimiento a la ley de víctimas, presidida por la Procuraduría General de la Nación, presentó un primer informe ante la Corte Constitucional, detallando obstáculos y graves fallas en los procesos de restitución de tierra, además de advertir que son pocos los fallos de restitución que ordenan a la Fiscalía General de la Nación la apertura de investigaciones penales por hechos denunciados por las víctimas.

La comisión, integrada también por la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, afirma que pese a que ya han transcurrido tres años desde su entrada en vigencia, persiste un gran desconocimiento de la ley de víctimas.

Además advierte que los esfuerzos del nivel nacional en la construcción de herramientas, lineamientos de política pública y de intervención no son apropiados por el territorio y falta voluntad política de los entes territoriales para la implementación de la Ley.

En el comunicado, señala que los tres representantes de las víctimas delegados ante la Comisión; las procuradurías delegadas para el Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, y para la Restitución de Tierras; la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la Republica, presentaron ante Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 sus preocupaciones, hallazgos y recomendaciones sobre la política pública de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto.

En el escrito destaca 11 principales conclusiones del informe, así:

1. No existe un diálogo armónico entre los entes territoriales y el nivel nacional.

2. Los esfuerzos del nivel nacional en la construcción de herramientas, lineamientos de política pública y de intervención no son apropiados por el territorio.

3. Pese a que se cumple con la formalidad en la formulación de los planes de acción territorial y a que los entes reportan la información al Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial (RUCICST), en el territorio no se refleja la implementación de políticas públicas idóneas para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas.

4. La falta de voluntad política de los entes territoriales es el principal obstáculo para la implementación de la Ley 1448 de 2011.

5. No se cuenta con caracterizaciones afinadas por municipio que permitan la materialización de alianzas y proyectos estratégicos para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas.

6. Los municipios tienen grandes dificultades presupuestales para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

7. Persiste un gran desconocimiento de la ley de víctimas, pese a que ya han transcurrido tres años desde su entrada en vigencia.

8. Frente al proceso de restitución de tierras se requiere que las órdenes complementarias en los fallos de restitución vayan dirigidas a entidades específicas y con términos perentorios para el cumplimiento de las mismas. Con esto, los órganos de control y la comunidad en general pueden realizar el seguimiento eficaz a lo ordenado por el Juez.

9. A la fecha, son pocos los fallos de restitución de tierras que ordenan a la Fiscalía General de la Nación la apertura de una investigación penal derivada de los hechos narrados por las víctimas y del acervo probatorio que fundamenta los argumentos de los fallos, tal como lo ordena el literal t del artículo 91 de esta ley.

10. Es necesario fortalecer el presupuesto de los jueces de restitución de tierras y de los operadores judiciales de apoyo, para que se puedan practicar las diligencias con los recursos humanos, físicos y presupuestales adecuados.

11. Existen escenarios de participación para las víctimas del conflicto armado, pero estas no tienen una incidencia real en los procesos de diseño, formulación e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral, porque desconocen el contenido de la ley y, como ya se ha mencionado, hay carencias en los presupuestos territoriales para el funcionamiento de dichos espacios.