Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo presentó una tutela en los juzgados de Paloquemao contra los propietarios del inmueble en el que funciona la sede principal de la Contraloría General, por su negativa a realizar cambios en el contrato de arrendamiento del edificio que vence el próximo 31 de diciembre.

En oficio presentado en la mañana de hoy, Otálora pide se dé solución lo más pronto posible a la situación en la que se encuentran 2.200 empleados de la Contraloría General de la Nación, que a partir del próximo 31 de diciembre, plazo en el que vence el contrato de arrendamiento, dejará de funcionar.

Según el Defensor del Pueblo, se está poniendo en riesgo el funcionamiento de la Contraloría General de la Nación, por tal motivo instó a preservar “la normal marcha de la administración pública, respetar el derecho fundamental de los trabajadores y el derecho al debido proceso».

«La Defensoría está buscando no que se prorrogue el contrato, pero que se permita una estadía por un término prudencial, hasta que la Contraloría ubique un sitio adecuado para su traslado» señala el oficio.

El defensor vaticina un caos si no se profiere medidas cautelares que protejan el derecho al trabajo, pues 2200 funcionarios públicos quedarían en el limbo, al igual que los investigados.

El funcionario urgió una respuesta por parte del Tribunal antes del 31 de diciembre para solucionar el problema que actualmente tienen los empleados ya que no tienen un lugar donde laborar.