Un juez de Bogotá consideró improcedente la acción de tutela interpuesta por el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, el pasado viernes 26 de diciembre, en la que pedía que se tomaran medidas cautelares, con el fin de evitar el cambio de sede de la Contraloría General de la Republica.

En el recurso presentado, “Se ha solicitado medidas cautelares para evitar que las dificultades contractuales entre la Contraloría y la sociedad encargada de administrar la sede en la que funciona el organismo de control afecten los servicios a la ciudadanía», informo Otálora.

«La tutela la presenté el viernes, le correspondió a un juzgado, ese juzgado consideró que no era competente y a las 6 de la tarde la envió al juzgado 15 municipal, quien la asumió», dijo.
La Sala Plena del Consejo de Estado negó la solicitud de tutela interpuesta el pasado 10 de diciembre por la Contraloría, con la que buscaba aplazar la entrega de la actual sede en donde opera el órgano de control.

Cabe resaltar que en días pasados, la Sala Plena del Consejo de Estado negó una solicitud de tutela interpuesta el pasado 10 de diciembre por la Contraloría, con la que buscaba aplazar la entrega de la actual sede en donde opera el órgano de control.

La sección primera del Consejo de Estado negó la tutela, al considerar que dicha acción “no era idónea” para solicitar la continuidad del organismo en la sede ubicada en el centro comercial Gran Estación Fase II.

El alto tribunal también negó las medidas cautelares que pidió Maya para que se le permitiera seguir en el actual edificio.

Una vez conocida la acción interpuesta por el Contralor Maya, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, decidió apoyar tutela presentada contra la sociedad Proyectos y Desarrollos I, entidad administradora del predio en donde funciona la Contraloría, por considerar violados los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, y al buen nombre de los 2.200 empleados de esa Entidad.

Otálora manifestó que el apoyo a la acción de tutela, era garantizar el derecho al trabajo y proteger la administración pública, sustento argumentativo homogéneo al del contralor.

Así miso, el defensor vaticinó un caos si no se profiere medidas cautelares que protejan el derecho al trabajo, pues 2200 funcionarios públicos quedarían en el limbo, al igual que los investigados.