El Consejo de Estado afirmó que el uso de las armas por parte de la Fuerza Pública debe realizarse únicamente “como último recurso”. El pronunciamiento lo realizó luego de sancionar al Ministerio de Defensa a pagar 361 millones de pesos por la muerte de un hombre quien se negó a detener su auto en un retén militar en el año de 1996.

El mencionado caso ocurrió cuando un motociclista que se movilizaba en una carretera cerca a San José del Guaviare, recibió una orden de alto por un retén militar, a lo que hizo caso omiso, por lo que los militares abrieron fuego resultaron fuego contra el hombre causándole así la muerte.

Según el fallo, la forma en la que actuó la víctima al tratar de huir del retén «no constituye la causa determinante del daño», pues los uniformados abrieron fuego sin haber agotado «todos los medios a su alcance para evitar violar los derechos fundamentales» de esta persona.

“Los agentes del Estado procedieron de manera inmediata a accionar sus armas de fuego y si en realidad lo hubieren hecho solo en señal preventiva, claramente no habría resultado muerto el conductor», puntualiza el fallo.

La sentencia, indicó además que el Ejército ha debido «usar otros medios para causar el menor daño posible», pues una de las balas acabó con la vida del hombre.