El jurista Jaime Granados Peña, presentó una queja ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del vicefiscal General Jorge Fernando Perdomo por ofrecer beneficios jurídicos a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado en caso tal de llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se le adelanta por las ‘chuzadas’.

Según Granados Peña, las declaraciones del Vicefiscal, entregadas a medios de comunicación en las que asegura que podría haber una posible rebaja de pena y prisión domiciliaria a María del Pilar Hurtado, si decide colaborar con las Fiscalía, vulneran la presunción de inocencia a la procesada puesto que hasta el momento no se ha dictado fallo.
El jurista aseguró que ese tipo de actuaciones pueden afectar “el curso normal del proceso”.

Dentro de la misma queja Granados indicó que el abogado Hugo Quintero, quien representa a las victimas dentro del proceso que cursa por las chuzadas del Das, habría vulnerado la orden impartida por la Corte Suprema de Justicia en la que les prohibió dar declaraciones por fuera del recinto judicial.

Jaime Granados aseguró que el abogado que Hugo Quintero, “entregó declaraciones refiriéndose puntualmente a temas abordados dentro del juicio adelantado contra mi defendido violando la prohibición establecida por la Honorable Sala el día 28 de agosto de 2012, en la sesión de instalación del juicio oral, dónde se dijo, no se podrá en ningún caso presentar al indiciado, imputado y acusado como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia dar declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación, so pesa de la imposición de las sanciones correspondientes”.

Agregó Granados, que las declaraciones hechas por Hugo Quintero, Cesar Julio Valencia Copete y Ramiro Bejarano, “constituyen un flagrante violación a la prohibición antes reseñadas generando indebida presión mediática sobre la Honorable Corte con miras a influenciar la adopción de decisión en el presente asunto”.

Finalmente Granados advierte que, este tipo de declaraciones causan preocupación pues tienen lugar justo antes de que se dicte el sentido del fallo, lo cual desconoce los derechos fundamentales de su defendido, busca generar presión a la justicia y daño político. Por lo que pidió a la Sala de Casación Penal de la Corte que tome las medidas pertinentes para que cesen estos comportamientos pues pueden afectar “el curso normal del proceso”.