–Aclarar las cifras de víctimas del conflicto armado colombiano, solicitó al gobierno la Procuraduría General de la Nación, al advertir diferencias considerables en los reportes, pues unos reseñan más de 7 millones y otros cerca de 9 millones, con un aumento en más de 1 millón 800 mil víctimas, en tan solo tres meses.

La solicitud la hizo la Procuraduría General de la Nación en comunicación dirigida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a la cual requirió que se informen las causas por las que no se ha actualizado a la fecha el reporte de la Red Nacional de Información que se divulga en el sitio web www.unidadvictimas.gov.co sobre el número de víctimas inscritas en el registro único RUV, tal como lo ordena la Corte Constitucional en el Auto 119 de 2013.

En este sitio web se reportan actualmente 7’028.776 personas inscritas, con corte a primero de noviembre de 2014, señala y advierte que llama la atención de que ante una solicitud elevada por la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, para que se remitiera la estadística de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas bajo la variable “sitio de residencia”, se recibió un informe con corte a primero de febrero de 2015 que da cuenta de 8’846.375 personas registradas.

Ante el notorio aumento en más de 1 millón 800 mil víctimas, en reportes de tan solo tres meses de diferencia, la Procuraduría le formuló varias inquietudes a la UARIV: ¿Corresponde ello a rezagos en la valoración de declaraciones presentadas con anterioridad a los tiempos definidos por la Ley 1448 de 2011? ¿Corresponde a procesos de presentación masiva de declaraciones? (se trataría en este caso de más de 600.000 nuevas víctimas registradas cada mes) ¿O responde al registro de nuevos hechos victimizantes?

El Ministerio Público está a la espera de las respuestas que sobre el particular remita la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La confiabilidad y oportunidad de las cifras sobre el número real de personas víctimas en el país, se constituye en un factor clave para la planeación, diseño y ejecución de las políticas públicas en la materia.