Una Juez con función de control de garantías, negó al excontratista  Emilio José Tapia Aldana, investigado por su responsabilidad en el desfalco a Bogotá con el denominado “Cartel de la Contratación”, el traslado de la cárcel de Combita, en Boyacá, a la Penitenciaria de la Picota en la capital del país.

La juez aclaró que quien ordena el traslado de un interno, es el Director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), luego de una reunión  especial de directivos de esa institución.

Asimismo dijo que de acuerdo a la petición de la defensa de solicitar el traslado de Tapia Aldana aduciendo  vejámenes y extorsión por parte de la guardia del Inpec, debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalía para que desde allí se proceda de acuerdo a la investigación.

Emilio Tapia fue traslado de la penitenciaria de La Picota luego de que la dirección de la cárcel lo sorprendiera realizando una fiesta con músicos vallenatos en el patio donde se hallaba recluido.

El pasado 28 de enero la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó tumbar el preacuerdo que el excontratista Emilio Tapia había suscrito con La Fiscalía General de la Nación, para colaborar con la justicia luego de que le imputaran los delitos de cohecho e interés indebido en contratos, comprometiéndose a entregar información para esclarecer irregularidades en el carrusel de la contratación. La Fiscalía había solicitado anular el preacuerdo, suscrito en 2012, pues se evidenció que Tapia continuó delinquiendo.

“La Fiscalía tiene que seguir con las investigaciones que se adelanten a Emilio Tapia. La voluntad de colaborar de Tapia no ha finalizado, eso está latente. Eso todavía no se ha definido”, indicó el fiscal delegado Jaime Cetiel.

Así mismo explicó que “en el preacuerdo firmado Tapia aceptaba su responsabilidad en los delitos imputados por lo que pagaría una pena de 13 años consistente en detención domiciliaria. Igualmente se comprometía a colaborar con las autoridades en las investigaciones que se adelantan por el ‘carrusel’ y ser testigo de cargo de la Fiscalía en los juicios”.

El preacuerdo se cayó, porque “lo que busca la Fiscalía es que todos los delitos se manejen en un solo proceso y en un solo preacuerdo. Se cayó porque él acepto los cargos de concierto para delinquir, y eso debía definirlo un juez. Y los otros dos delitos (cohecho e interés), debía definirlo otro juez”, agregó.

Por otra parte, un magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó que se agilice la condena por el delito de concierto para delinquir en contra del polémico contratista.

Con esta decisión el contratista tendrá que enfrentar un juicio por los delitos de celebración indebida de contratos y cohecho por dar u ofrecer dentro del considerado mayor escándalo de corrupción administrativa en la historia del país.

El excontratista enfrenta actualmente otro proceso por su presunta participación en el delito de lavado de activos.