Por segunda vez, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, por irregularidades en contratación. Su primera destitución fue por participación en política durante su mandato en el periodo 2008-2012.

El órgano de control aseguró que Abadía incurrió en faltas gravísimas por haber celebrado contratos que no se ajustaban a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud. Adicional, indicó que el exfuncionario desconoció los principios de transparencia.

Según el Ministerio Público se presentaron irregularidades en el contrato para la realización de cirugías baraticas por 1000 millones de pesos para población vulnerable.

«Habría desconocido los principios de transparencia y responsabilidad que gobiernan la actividad contractual, pese a que su naturaleza y el objeto convenido no permitían acudir a tal modalidad contractual, lo que dio lugar a la elusión del trámite de pública convocatoria de proponentes y selección objetiva del contratista», señala el órgano de control.

Según el organismo de control, la contratación se hizo de manera directa sin que se hubiera agotado el procedimiento y los requisitos establecidos en el Estatuto de contratación.

Para la Procuraduría, el exmandatario en los estudios previos omitió formular consideración alguna relacionada con el procedimiento de selección del contratista. Y al parecer no se realizaron estudios de precios de mercado, tampoco se halló ningún sustento técnico ni económico del estudio previo realizado, y no se observan las tres ofertas requeridas para el respectivo proceso de selección».

La decisión de la Procuraduría absuelve de responsabilidad al entonces secretario de Salud, Héctor Fabio Useche, y sanciona con destitución e inhabilidad al entonces secretario jurídico del Valle, Raimundo Antonio Tello, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años.

Abadía fue Gobernador del Valle del Cauca, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 25 de mayo de 2010, cuando La Procuraduría General de la Nación lo destituyó por participación en política, inhabilitándolo además por diez años a ejercer cargos públicos.