A través de su cuenta en “Twitter” el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, envuelto en un escándalo de corrupción por supuestamente pedir coimas para favorecer en una tutela a la comisionista Fidupetrol, informó que fue radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su solicitud de medidas cautelares, para que sus Derechos a la defensa y el buen nombre, sean respetados, pues argumenta, que está siendo perseguido por no avalar que guerrilleros «no paguen penas con cárcel».

En la misma red social, el togado volvió a exigir al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre que rectifique sus acusaciones sobre adquisición de tierras de forma ilegal en el Departamento de Córdoba.

Además aclara a través de la misma red social que “Fiscal Montealegre, rectifique. Quienes adquirieron los predios han reconocido que se vendieron voluntariamente y a un precio justo”.

Y añade, “Fiscal Montealegre. Rectifique. Ni mi familia ni yo adquirimos tierras desplazando personas”.

Hace unos días, el togado anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares dentro de la investigación que se adelanta en su contra por presunta corrupción dentro de la Corte. La argumentación de Pretel ante la CIDH se basa en indicar que se violó su derecho a la presunción de inocencia.

Asimismo, envió una carta al Presidente de la República Juan Manuel Santos, en la que le recordó que la Carta Magna del país exige al estado defender el derecho al buen nombre.

“La Carta Constitucional diseñó un sistema en que cada ciudadano del país puede exigir que se le respeten sus derechos fundamentales, en particular, el buen nombre, la dignidad, la honra y el debido proceso, fundándose en el principio de presunción de inocencia según el cual nadie puede ser tratado como delito o de una falta disciplinaria hasta que no se haya demostrado su responsabilidad en juicio y se establezca así en sentencia ejecutoriada”, señala el magistrado en su misiva.

Pretelt califico de presión indebida, ilegal e inconstitucional, las declaraciones del Fiscal Eduardo Montealegre en las que lo vincula con actos de corrupción y actividades criminales.

“En las últimas semanas mi familia y yo hemos sido objeto de una presión indebida, ilegal e inconstitucional por parte de funcionarios de su gobierno y en particular por parte del señor fiscal General de la Nación, a través de una serie de declaraciones en los medios de comunicación en las que me señalan de actos de corrupción e incluso pretenden envolverme junto con mi familia en catos criminales”, reseña el documento emitido.

Además solicita a Santos ‘respetar el debido proceso en que la Constitución se señala, evitar hacer señalamientos contra mí o mi familia y sobretodo abstenerse de generar prejuicios que afecten la imparcialidad de quienes tienen el deber de investigarme y juzgarme”.

En su misiva, Pretelt recordó al Mandatario, que la solicitud de licencia no remunerada por dos meses para preparar su defensa, fue negada por el Congreso; por lo tanto, “la Constitución no contempla que deba renunciar y por el contrario establece el deber de continuar en mis funciones”.

Finalmente el togado señaló que tiene derecho a recibir una investigación sería, a ser escuchado en un juicio, a su defensa y a no ser estigmatizado como un criminal, pues aún no ha sido escuchado.