La Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar exhortaron a las autoridades competentes para agilizar los mecanismos de búsqueda del menor Jacobo Arbeláez Sierra, presuntamente secuestrado en Carepa, Antioquia. Además, la entidad denunció en lo corrido de este año más de 3.300 menores de edad han sido víctimas de todo tipo de maltratos.

En las sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, expresó su preocupación por la desaparición del niño, y anunció el envío de un equipo de la Entidad para verificar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y ofrecer acompañamiento a la familia.

El funcionario del Ministerio Público informó que el caso fue asumido con prioridad por el grupo interinstitucional creado el pasado 25 de marzo, y pidió a la Policía y a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para salvaguardar los derechos del pequeño.

Información preliminar recopilada por la Regional Urabá, indica que el niño fue raptado en la Urbanización Los Almendros, en cercanías a la vereda Casa Verde de Carepa, donde cuatro hombres encapuchados habrían ingresado a la vivienda de Jacobo, intimidando a su cuidadora y conduciendo al niño hacia una zona boscosa, sin que aún haya noticias sobre su paradero.

Al lamentar también el caso de una niña de 3 años brutalmente golpeada por su padre en la ciudad de Barranquilla, Otálora Gómez expresó su preocupación frente a las estadísticas, según las cuales de los 3.349 menores de edad víctimas de maltrato entre enero y abril, más de 1.000 han sido objeto de violencia intrafamiliar.

“Hemos dado pasos hacia adelante de cara a la protección de los niños, pero aún falta mucho por hacer y se requiere el compromiso decidido de las Instituciones y de la sociedad en su conjunto para proscribir estas conductas tan dolorosas”, concluyó el Defensor del Pueblo, quien hizo votos por el hallazgo sanas y salvas de Paula Nicole Palacios y Karen Dayana Lambraño, desaparecidas en Buesaco (Nariño) y Mompox (Bolívar) desde diciembre de 2014.