50 personas pasaron la noche de este miércoles y la madrugada del jueves en el templo de Nuestra Señora de Belén para exigir que les reconozcan los derechos de propiedad de un terreno del cual fueron desalojados. Entre las personas se encuentran varios niños, mujeres y adultos mayores, que reclaman una solución a su problema de vivienda.
Desde el pasado 14 de enero un grupo de, al menos, 200 personas se tomaron un predio en el sector Villa Café, del Suroccidente de Medellín, aduciendo que tras su abandono podrían asentarse allí.
El líder de la comunidad, Walter Caicedo, explicó que las personas hacen parte de las 300 familias que hace 26 años invadieron un lote en Belén Villa Café y temen ser desalojadas en los próximos días.
“Reaccionaron de esa manera”, explicó, porque no les quisieron recibir una acción de tutela que pretendían instaurar para evitar el anunciado desalojo del predio ubicado en el barrio Belén y que dejaría sin hogar a 350 familias.
Sin embargo, tras aparecer un particular que dijo ser el dueño del terreno, y tras la validación de la documentación de propiedad por parte de las autoridades, la Policía procedió a ejecutar una orden de evacuación.
El lote es reclamado por el propietario de una ladrillera, que ganó un pleito judicial para sacar a las familias invasoras, aseguró Walter Caicedo.
Aunque, sacerdotes y colaboradores de la Parroquia están asistiendo con alimentos a los manifestantes, aclararon que son ajenos a la discusión y rogaron por una solución pronta al conflicto.
Entre tanto, los reclamantes del predio dijeron que seguirán en la iglesia, ubicada en el parque de Belén, hasta que la justicia les de las mismas garantías del privado que dice ser dueño del lote. Concluyeron, exigiendo que la Iglesia sea mediadora en el pleito.
Por su parte la secretaria de Gobierno de Medellín, Claudia Wilches, les aclaró a los invasores que la Alcaldía está actuando en derecho, pues tanto el inspector como un juez departamental ordenaron que se respetara el derecho del propietario del predio.
“Estamos haciendo lo que la ley nos ordena. Aún no hay fecha de desalojo, pero la orden ya está”, indicó.
Sin embargo, aseguró que la administración municipal, consciente de que eso generará un problema social, inició unas acciones para tratar de mitigar los efectos del desalojo.
“Les abrimos nuestro abanico institucional para tratar de que estos accedan o hagan las solicitudes para obtener vivienda a través del Isvimed (…) Lo que no podemos hacer es darle casa a todos. Por ahora realizamos un censo y nos hemos sentado con las partes para mediar en el conflicto”, sostuvo.
La Mesa de Derechos Humanos solicitó la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja y denunció que el párroco prohibió el ingreso de alimentos y medicamentos para las personas que están en el templo.
