Una revisión de la Personería a la operación de 83 rutas de las 250 existentes del Sitp, permitió al órgano de control determinar que el 71% incumple el número de vehículos que deberían pasar cada hora; es decir, no operan con la frecuencia establecida en los contratos con las firmas privadas; incluso tres de esas rutas nunca pasaron.

Para la Personería, es preocupante que Transmilenio esté pagando al cien por ciento un servicio que las empresas concesionarias prestan a medias y en condiciones diferentes a las establecidas en los contratos, situación que raya en un delito.

Adicionalmente, la Personería no evidenció diferencias significativas entre los vehículos despachados en los periodos hora valle y hora pico. En la evaluación, en promedio, 326 vehículos se contabilizaron en las rutas en hora valle, mientras que en la hora pico se registraron 352. Esa escasa diferencia afecta la eficiencia en la utilización de recursos teniendo en cuenta que la demanda del servicio no es la misma, pero se mantienen costos se operación innecesarios, incluida la remuneración a los operadores.

De acuerdo con el entre de control, tampoco hay buena información: El 93% de las banderas revisadas de los paraderos están desactualizadas. Se anuncian 104 rutas y se reporta la parada en estos puntos de 188, es decir un 44% de diferencia.

La Personería determinó que de las rutas verificadas (33%), más de la mitad de los vehículos transitaron desocupados, es decir, con menos de 5 pasajeros, según la metodología establecida. En otros casos, se observó en varios paraderos acumulación de vehículos, especialmente en horas pico, resultando insuficiente el área de la parada demarcada, lo cual obliga a los vehículos a no parar o a detenerse en zona fuera del área demarcada, hecho que vulnera los derechos de los usuarios.

Por último, la Personería resaltó que “las falencias evidenciadas en el Sitp sobre frecuencia de rutas, tiempos de espera e información deficiente en los paraderos, impactan la calidad, la oportunidad y el uso del servicio y, por ende, transgreden intereses colectivos de los bogotanos constitucional y legalmente protegidos”.