–Al concluir el ciclo 37 de negociaciones de La Habana, las Farc salvaron por enésima vez cualquier responsabilidad en los crímenes cometidos en más de 50 años de existencia, tras asegurar que «motivados por el altruismo y la solidaridad humana» empuñaron el «derecho natural, universal de la «rebelión» y que en consecuencia quienes deben ir a la cárcel son «los que sostienen el orden social vigente».

No obstante plantean: «…podemos convenir mecanismos extrajudiciales novedosos, incluso de sanción, que partiendo de la verdad que reclaman las víctimas del conflicto, la reparación integral y la no repetición, hallen el camino cierto de la concordia y la paz».

Según los cabecillas del equipo negociador de las Farc, «porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia», proponen «mecanismos de verdad, justicia y reparación derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades».

«Lo que rechazamos son normas penales diseñadas para un solo destinatario –derecho penal del enemigo-, presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta,en absoluto, la opinión de sus interlocutores de paz en la Mesa», puntualizan en el comunicado divulgado como conclusión de este periodo de conversaciones, en el cual se acordó la integración de la llamada «Comisión de la Verdad».

En el documento, los cabecillas de las Farc afirman que «la responsabilidad sistémica» del gobierno y las élites colombianas es «un millón de veces mayor a la de los rebeldes».

«Nos congratulamos de haber alcanzado un acuerdo de creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por cerrarse», señalan en el comunicado, en el cual rechazan que ahora se quiera «convertir el proceso de paz en un proceso jurídico contra las Farc».

Al respecto, insisten en que «jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión al terrorismo de Estado».

«Esos mismos personajes, cobijados siempre por la impunidad están promoviendo hoy que los rebeldes tienen que terminar tras las rejas para que haya un cierre jurídico confiable. Cárcel para todos ellos; para los que sostienen el orden social vigente que reproduce la desigualdad, la miseria, y la exclusión», puntualizan y advierten que «es imprescindible determinar el alcance y contenido del delito político derivado del ejercicio del derecho a la rebelión», expresan.

Además señalan que «no hablan de su responsabilidad suprema ni de lugares de reclusión para los determinadores, sino para los “malos” que se sublevan», sino que les hablan de «cortes y tribunales, y doctrinas obsoletas apegadas a la gramática que no miran el espíritu ni el contexto, ni la verdad histórica».

«…podemos convenir mecanismos extrajudiciales novedosos, incluso de sanción, que partiendo de la verdad que reclaman las víctimas del conflicto, la reparación integral y la no repetición, hallen el camino cierto de la concordia y la paz», complementan.

Reiteran que «no hemos venido a La Habana a negociar impunidades con nadie. Por eso hemos propuesto analizar doctrinas jurídicas aceptadas por la Comunidad Internacional que nos ayuden a los colombianos a convenir fórmulas que saquen este proceso al otro lado. Jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión al terrorismo de Estado».

Insisten por ello en que se «abran los archivos», pues, según ellos, «llegó la hora de conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos, de los máximos responsables que nos han impedido en 190 años de vida republicana, salir del oscuro laberinto de exclusión y violencia política que aflige y que todavía mantiene a Colombia encadenada al despotismo de la guerra. Necesitamos como el aire para respirar, la paz; y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la no repetición y del nunca más».

Y explica el por qué reclaman que se abran los archivos: Porque la paz necesita la verdad, identificar a los responsables supremos del conflicto social y armado, para, a partir de la verdad histórica acordar fórmulas de solución ya sean políticas, ya sean jurídicas».

«No estamos pidiendo que se abran los archivos de la política internacional de Colombia, sino aquellos referidos a la violación sistemática de los DDHH y el DIH, paramilitarismo, falsos positivos, crímenes de lesa humanidad y todos aquellos que develan la existencia de victimizaciones sistémicas», subrayan.

Luego en referencia a la «verdad», hablan de que «con premeditación las élites en Colombia desterraron de colegios y universidades la enseñanza de la historia. Nos quieren ignorantes, desligados de nuestra trayectoria histórica como nación, para someternos por la vía del engaño».

Finalmente expresan que se congratulan de haber alcanzado un acuerdo de creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que, subrayan, es parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por cerrarse y concluyen diciendo que seguirán «trabajando para acordar, además, otros mecanismos que nos permitan alcanzar esos propósitos. Es imprescindible determinar el alcance y contenido del delito político derivado del ejercicio del derecho a la rebelión».