La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su función preventiva y preocupada por la situación ambiental y minera de Cogua y del Río Neusa (Cundinamarca), solicitó a la Alcaldía de ese municipio y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) información puntual sobre las explotaciones mineras en esa jurisdicción.

El Ministerio Público le pidió a la administración municipal explicar ¿por qué se sigue permitiendo el desarrollo de la actividad minera si no se cuenta con instrumento de control ambiental?; ¿qué acciones ha adelantado el municipio para controlar el desarrollo de actividades mineras que no cuenten con dicho instrumento de control?; y determinar si el actual uso del suelo donde se están llevando a cabo las actividades mineras es compatible con el desarrollo de estas.

Por su parte, a la CAR Cundinamarca, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó que informe ¿qué acciones ha adelantado la Corporación para controlar el desarrollo de actividades mineras que no cuentan con un instrumento de control ambiental?; ¿si la autoridad ambiental ha iniciado procesos administrativos sancionatorios como consecuencia del desarrollo de actividades mineras en esa jurisdicción?, y de ser así, que remita copia de los correspondientes actos administrativos.

El Ministerio Público, previo a esta actuación preventiva, había oficiado al ente territorial y a la autoridad ambiental de Cundinamarca advirtiendo sobre el desarrollo de dichas actividades mineras y la forma en que éstas se encuentran consagradas en el instrumento de planificación territorial.