El ex Gobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, su entonces Secretaria de Educación, Lilia María Vega Sanabria, y la Caja de Compensación Familiar de Casanare –ComfaCasanare, deberán resarcir al Estado un daño patrimonial de recursos de regalías por $1.304 millones de pesos relacionado con irregularidades en un contrato de almuerzos escolares, determinó la Contraloría General de la República.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR profirió fallo con responsabilidad fiscal en su contra tras investigar el desarrollo del Convenio de Cooperación No. 001 del 14 de mayo de 2012 suscrito por la Gobernación de Casanare con ComfaCasanare, cuyo objeto era aunar esfuerzos para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del departamento de Casanare, en el marco de la ampliación y sostenibilidad del servicio educativo.

El valor del convenio ascendió a la suma de $18.294 millones, de los cuales el departamento de Casanare aportó la suma de $17.894 millones y ComfaCasanare un total de $400 millones por concepto de cooperación.

El menoscabo patrimonial se generó cuando, una vez firmado el convenio, ComfaCasanare suscribió a su vez un contrato de suministro (No. 685 del 31 de mayo de 2012) con la Unión Temporal Alimenta Casanare 2012, por $16.694 millones, y cuyo objeto consistió en la preparación y distribución de almuerzos escolares para 62.895 estudiantes del departamento durante 120 días.

La Caja de Compensación Familiar del Casanare –ComfaCasanare trasladó la ejecución contractual e incurrió en una intermediación injustificada, realizando además un contrato por un valor menor al que suscribió, para el mismo objeto, con la Gobernación. Igualmente, se demostró que no se aunaron esfuerzos, como es el propósito de los convenios de cooperación.

La diferencia entre el valor de uno y otro contrato es un poco superior a los $1.200 millones, cifra que ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) arroja un daño patrimonial de $1.304 millones.

Pérdidas de recursos de regalías por intermediación injustificada

Con esta causa fiscal, la Contraloría General de la República buscar resarcir el patrimonio al departamento de Casanare que se vio afectado dado que, por esta intermediación injustificada, no se destinaron los dineros provenientes de regalías a los propósitos legales que corresponder: satisfacer necesidades básicas de la población tales como salud, educación, saneamiento básico y otros del departamento.

El fallo fiscal es claro en señalar que:

«El propósito constitucional fijado a las regalías hace necesario concluir que cualquier disminución en su monto, como ocurrió en la ejecución del convenio 001 de 2012, es contraria al interés general que sirve de fundamento al Sistema General de Regalías».

«La modalidad de daño demostrada, contraría los propósitos de la inversión pública, en tanto la conducta reprochable de quienes tomaron las decisiones encaminadas a velar por su integridad, conllevaron a la pérdida de los recurso del erario».

Esta decisión se encuentra sujeta a recursos de reposición y apelación ante el despacho del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.