Un fiscal adscrito a la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH resolvió la situación dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, terrorismo y concierto para delinquir, contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por su presunta participación en la masacre de Mapiripán departamento del Meta.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el 12 de julio de 1997 un grupo de aproximadamente 30 hombres, integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por Carlos Castaño Gil, se desplazaron vía aérea desde el aeropuerto del municipio de Necoclí y Los Cedros (Antioquia), arribando al terminal aéreo de San José del Guaviare (Guaviare), controlado militarmente por unidades del Batallón de Infantería del Ejército Joaquín París.

Para la época, Plazas Acevedo se desempeñaba como oficial del B2 de la Brigada XVII del Ejército, de cuya jurisdicción salieron las aeronaves.

En la masacre varias personas fueron torturadas y asesinadas con tiros de gracia o degolladas. Los cuerpos de algunas víctimas fueron incinerados, otros desmembrados y arrojados a las aguas del Río Guaviare.

Por estos hechos, “la Fiscalía General de la Nación ha logrado obtener varios resultados, entre ellos 14 condenas de miembros de las Autodefensas, también las condenas de los coroneles Hernán Orozco Castro y Lino Hernández Sánchez Prado, así como la condena del general en retiro, Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, respecto de quien recientemente la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena”, indicó el Director de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH, Misael Rodríguez Castellanos.

La Masacre de Mapiripán es el nombre con que se conocen los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país.

El Estado colombiano por medio de la Fiscalia General de la Nación logró comprobar que quienes ejecutaron dicha masacre fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, cargos por los que se condenó al extinto jefe de las AUC, Carlos Castaño.

El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre.