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Corte concede a abusadores de niños pagar penas con trabajo social a cambio de cárcel

padres-abusadoresEn un fallo histórico, y que ya empieza a levantar ampolla entre varios sectores del país, entre ellos defensores de los derechos de los niños, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de su presidente, el magistrado José Luis Barceló, determinó que las personas que cometan delitos contra menores de edad podrían acceder a la redención de penas a cambio de trabajo social.

Barceló dijo que después de una larga discusión jurídica, la sala determinó que deben tenerse en cuenta los derechos de los presos a una redención de su pena para alcanzar una resocialización.

Lo paradójico del asunto es que recalca en su argumentación que lo derechos de los menores deben prevalecer por encima de cualquier actuación «Desde este punto de vista, no hay un derecho de los niños, niñas y adolescentes que colisione con la posibilidad que tienen los reclusos de alcanzar la resocialización mediante el desarrollo de actividades que, además, les generen redención de la pena que purgan», advierte la Corte Suprema.

La medida la tomó el alto tribunal tras estudiar el caso de un hombre que había solicitado su libertad amparado por el derecho a la redención de su pena que había sido proferida por cometer el delito de abuso sexual contra un menor de edad; sin embargo, esta decisión por ser de trascendencia nacional será remitida a la Corte Constitucional para su revisión.

La discusión jurídica se centró en el conflicto de los artículos contemplados dentro del Código de Infancia y Adolescencia y el Código Penitenciario en el cual se advierten otras disposiciones para los reclusos.

«Por otra parte, aunque existiesen razones que pudieran llevar a pensar en una incompatibilidad entre el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia y el artículo 103 A del Código Penitenciario y Carcelario, tampoco puede sostenerse que la primera disposición deba primar sobre la segunda», señala la Corte.

Esta decisión será remitida a la Corte Constitucional para su revisión y eventual aprobación.

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